Operación militar contra el ELN terminó con 18 soldados privados de la libertad en Chocó

Una operación militar en zona rural de Carmen de Atrato, en el Chocó, terminó con la retención de 18 integrantes del Ejército Nacional, un episodio que volvió a evidenciar las limitaciones operativas del Estado en regiones atravesadas por la presencia de grupos armados ilegales y por dinámicas de presión sobre comunidades locales.

Según informó el Comando de la Décima Quinta Brigada, dos suboficiales y 16 soldados fueron interceptados por una multitud cercana a las 200 personas y conducidos a un resguardo indígena, lo que impidió la continuidad de la misión que adelantaban contra el ELN.

De acuerdo con la versión oficial, los uniformados desarrollaban maniobras constitucionales orientadas a contrarrestar la actividad del Ejército de Liberación Nacional en un territorio donde su presencia es persistente.

La intervención del grupo de civiles, que rodeó y trasladó a los militares, fue calificada por la institución como una privación arbitraria de la libertad y una obstrucción directa a las operaciones del Estado.

En su pronunciamiento, el Ejército rechazó de manera expresa cualquier acción que vulnere la libertad, la integridad y la seguridad de sus miembros, así como las conductas que interfieran con misiones legítimas. También recordó que la función de la Fuerza Pública en la región está asociada a la protección de la población civil, en un departamento marcado por disputas armadas, economías ilegales y constantes afectaciones humanitarias.

La institución hizo un llamado a autoridades nacionales, organismos de derechos humanos y líderes comunitarios para que se garantice la integridad de los soldados y se permita su liberación pronta y segura.

Al mismo tiempo, advirtió que la retención de miembros de la Fuerza Pública constituye una conducta regulada por la ley, con eventuales consecuencias penales para quienes participen en ella, e insistió en la necesidad de no involucrar a civiles en hechos que comprometen la institucionalidad.

Estos hechos se presentan tras operaciones permanentes en el Chocó, donde las tensiones entre la Fuerza Pública, comunidades indígenas y actores armados ilegales son recurrentes.

El caso adquiere mayor relevancia por haberse producido luego de que el ELN anunciara un cese unilateral de hostilidades contra la fuerza pública durante las festividades de diciembre y comienzos de enero de 2026.

La defensora del Pueblo, Iris Marín, valoró el anuncio del cese como un paso necesario, pero recordó los antecedentes de violencia contra civiles y señaló que un gesto coherente sería la liberación incondicional de las personas retenidas.

Durante 2025, el ELN ejecutó al menos un centenar de ataques en varias regiones del país, como el más reciente a la base militar de Aguachica, que dejó siete militares muertos y decenas de heridos.