“No más capuchos en las universidades públicas”: alcalde Federico Gutiérrez anunció recompensa de hasta $100 millones para identificarlos

Las autoridades del Distrito de Medellín y la Gobernación de Antioquia anunciaron una recompensa de hasta 100 millones de pesos por información que permita la individualización, identificación y judicialización de varias personas encapuchadas señaladas de participar en hechos que han afectado el orden público en distintas universidades públicas del departamento.

El anuncio fue acompañado por la difusión de un afiche oficial que contiene 20 fotografías de sujetos encapuchados, identificados por las autoridades con los alias: Sombra, Chiqui, Juan, Chekis, El Papa, Flaco, Mario, El Cojo, Piñata, Antena, Manu, More, 7, Ratón, Ganzo, Mauro, Blanco, Jhon, Buey y Mono. Según la información divulgada, estas personas serían responsables de actos delictivos y alteraciones del orden público en diferentes campus universitarios.

En el afiche se invita a la ciudadanía a suministrar información relevante a través de la línea 3046289339, administrada por las autoridades competentes. La estrategia es desarrollada de manera conjunta entre la Policía Nacional, la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció sobre la medida y llamó a la ciudadanía a colaborar con la identificación de los involucrados. El mandatario afirmó:
“No más capuchos en las universidades públicas en Medellín. Estos son los que siempre alteran el orden público. Su prioridad no es estudiar ni mucho menos graduarse. Ayúdanos a identificarlos. Desde la Gobernación de Antioquia y el Distrito de Medellín ofrecemos hasta 100 millones de pesos por información que permita su judicialización.”

Las administraciones departamental y distrital señalan que los episodios investigados han generado afectaciones en la convivencia y la seguridad universitaria, motivo por el cual se tomó la decisión de fortalecer las acciones de búsqueda e identificación.

La recompensa hace parte de un conjunto de medidas adoptadas para enfrentar los hechos registrados en diferentes instituciones de educación superior, donde se han presentado alteraciones del orden público que han requerido intervenciones policiales y han derivado en investigaciones por parte de la Fiscalía.

Las autoridades reiteraron que la información entregada por la ciudadanía será manejada con estricta reserva y que el objetivo principal es avanzar en los procesos judiciales correspondientes.