Un tribunal federal de EE. UU. avala detener a migrantes sin audiencia de fianza durante su proceso de deportación

El Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de Estados Unidos, reunido en pleno, respaldó la aplicación de la detención migratoria obligatoria para determinados extranjeros que ingresaron al país sin autorización. En su decisión, la corte concluyó que tres migrantes indocumentados no tenían derecho a una audiencia individual para solicitar su libertad bajo fianza y revocó las órdenes de tribunales inferiores que habían dispuesto su liberación.

El fallo representa un respaldo judicial a la interpretación adoptada por la administración del presidente Donald Trump, que considera solicitantes de admisión a quienes ingresaron irregularmente a territorio estadounidense, incluso cuando llevan años viviendo en el país.

La interpretación del debido proceso

La opinión mayoritaria fue redactada por el juez Cory Wilson, designado durante el primer mandato de Trump. En su argumentación, sostuvo que las personas que nunca fueron admitidas legalmente en Estados Unidos no tienen derecho a procedimientos adicionales a los establecidos por el Congreso antes de permanecer detenidas mientras se tramita su expulsión.

El tribunal reconoció que los migrantes están protegidos por las garantías de la Quinta Enmienda de la Constitución, que incluyen el debido proceso. Sin embargo, consideró que las circunstancias de los casos analizados no planteaban razones constitucionales suficientes para conceder el recurso de habeas corpus, un mecanismo judicial mediante el cual una persona puede cuestionar la legalidad de su detención.

La controversia se origina en un cambio de interpretación impulsado hace aproximadamente un año por el Gobierno estadounidense. Bajo el criterio aplicado durante décadas, ciertos inmigrantes detenidos dentro del territorio nacional podían solicitar una audiencia ante un juez de inmigración para evaluar su posible liberación bajo fianza.

La nueva postura gubernamental amplió la categoría de solicitantes de admisión a las personas que ingresaron sin autorización, independientemente del tiempo que lleven en Estados Unidos, y las sometió a un régimen de detención obligatoria.

Tres casos en el centro de la disputa

Los demandantes llevaban más de diez años residiendo en Estados Unidos. Dos eran ciudadanos mexicanos y el tercero, hondureño. Los tres tenían hijos con ciudadanía estadounidense.

La sentencia revocó las decisiones de instancias inferiores que habían ordenado concederles la posibilidad de solicitar su libertad bajo fianza. La determinación no equivale, por sí misma, a una orden de expulsión inmediata, sino que se refiere al acceso a una audiencia para discutir las condiciones de su detención.

La decisión también evidenció una división entre los integrantes del tribunal. Según los reportes publicados, varios jueces respaldaron la opinión de Wilson, mientras otros expresaron su desacuerdo con los fundamentos jurídicos de la mayoría.

Entre los disidentes, el juez Leslie Southwick, nombrado por el expresidente George W. Bush, cuestionó la idea de que las personas pierdan un interés fundamental en su libertad física por encontrarse irregularmente en el país.

Por su parte, el juez Stephen Higginson, designado por Barack Obama, sostuvo en una opinión separada que la política aplicada por el Gobierno no se ajusta a la legislación migratoria.

Reacciones y posibles efectos nacionales

El Departamento de Seguridad Nacional celebró el resultado. James Percival, asesor jurídico de esa entidad, calificó el fallo como una victoria para el Gobierno en una publicación en la red social X.

En contraste, Rebecca Cassler, representante del American Immigration Council, organización que intervino en defensa de los demandantes, criticó la decisión y sostuvo que el Estado debe justificar la necesidad de privar de libertad a una persona.

El pronunciamiento del Quinto Circuito se aparta de la posición adoptada por la mayoría de los tribunales federales de apelación que han examinado esta política. De acuerdo con un análisis de Politico, nueve de los once circuitos que abordaron el asunto fallaron en contra de la interpretación gubernamental. La misma publicación reportó más de 20.000 decisiones adversas a esa política en tribunales de distrito.

Estas diferencias entre tribunales federales, conocidas como división entre circuitos, aumentan la posibilidad de que la controversia termine ante la Corte Suprema.

El máximo tribunal estadounidense anunció que examinará si la detención obligatoria cuestionada se ajusta a la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Su eventual pronunciamiento podría definir el alcance nacional de las reglas que determinan cuándo los migrantes que ingresaron sin autorización pueden solicitar una audiencia de fianza.

Mientras tanto, la decisión del Quinto Circuito constituye un nuevo capítulo en la disputa jurídica sobre los límites de la política migratoria estadounidense y las garantías procesales de quienes enfrentan procedimientos de expulsión

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué decidió el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU.?

El tribunal dictaminó que los migrantes que ingresaron sin autorización pueden ser detenidos sin derecho a una audiencia de fianza mientras se tramita su deportación. Esta decisión respalda una política de la administración de Donald Trump que aplica la detención obligatoria incluso a personas con años de residencia en el país.

¿A quiénes afecta directamente este fallo judicial?

Afecta a migrantes indocumentados que, a pesar de llevar tiempo viviendo en Estados Unidos y tener vínculos familiares, son considerados 'solicitantes de admisión' tras ser detenidos. El caso específico involucró a dos mexicanos y un hondureño que residían en el país hace más de una década y tienen hijos estadounidenses.

¿Qué pasará ahora con esta disputa legal?

Es muy probable que el caso llegue a la Corte Suprema de Justicia, ya que otros tribunales federales han fallado de manera opuesta a esta decisión. El máximo tribunal deberá definir si esta política de detención obligatoria se ajusta a la Ley de Inmigración y a las garantías constitucionales del debido proceso.