Tras la interceptación de la Flotilla Sumud, gobiernos y organizaciones exigen garantías otras embarcaciones y detenidos

La operación de intercepción de la Flotilla Global Sumud por parte de Israel ha generado un amplio despliegue de reacciones diplomáticas y sociales. La expedición, conformada por cerca de 50 barcos con ayuda humanitaria rumbo a Gaza, fue prácticamente detenida en su totalidad, quedando únicamente una embarcación en navegación bajo vigilancia.

Las autoridades israelíes confirmaron que 39 barcos fueron abordados, entre ellos el Mikeno, interceptado a siete millas de la franja de Gaza. Entre los aproximadamente 200 pasajeros retenidos se encuentran ciudadanos de múltiples nacionalidades, incluidos 30 españoles, 22 italianos, 21 turcos, 12 malasios, 11 brasileños, 11 tunecinos y 10 franceses, además de colombianos, estadounidenses, mexicanos, alemanes y británicos, cuyo paradero aún es materia de seguimiento diplomático.

Israel informó que la operación concluyó y señaló que ninguno de los barcos logró ingresar a lo que denomina “zona de combate activa”. Según la legislación israelí, los pasajeros pueden ser deportados en un plazo de 72 horas tras la emisión de la orden, salvo que acepten de manera voluntaria una expulsión anticipada.

El colectivo de abogados Adalah confirmó que ya logró ingresar a los puertos y que brindará asistencia legal a los detenidos en las audiencias programadas para definir su situación.

Tras la intercepción, varios gobiernos han elevado protestas formales y exigido garantías. En España, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, convocó a la encargada de negocios de Israel para transmitir su inconformidad y demandar que se respete el derecho de los ciudadanos españoles. Francia, a través del presidente Emmanuel Macron, pidió que se proteja a los franceses detenidos y reiteró la necesidad de que Israel cumpla con el derecho internacional.

En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni criticó la flotilla, en la que participaron 40 ciudadanos de ese país, y aseguró que su gobierno trabaja en el retorno seguro de sus compatriotas. En América Latina, los gobiernos de Colombia, Chile, Bolivia y Venezuela rechazaron la operación israelí y pidieron explicaciones sobre la situación de los detenidos. El presidente colombiano Gustavo Petro calificó la captura de dos connacionales como un “secuestro” y anunció la ruptura de relaciones diplomáticas con Israel.

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa también se pronunció, condenando los ataques a la flotilla y denunciando agresiones a periodistas en Gaza. Paralelamente, organizaciones sociales y sindicatos convocaron manifestaciones en diferentes ciudades. En Barcelona, una de las protestas en apoyo a la misión derivó en choques con la policía cerca del monumento a Colón.

El Ministerio de Exteriores de Israel reiteró que los barcos eran parte de lo que describió como una “provocación de Hamás-Sumud” y aseguró que, en caso de que el último barco en navegación se acerque a la zona bloqueada, también será impedido de ingresar.

La situación mantiene en seguimiento a las cancillerías de los países involucrados, mientras avanza el proceso legal de los detenidos y se define el destino del último barco de la flotilla aún en el mar.