Ocho militares recuperaron la libertad en Venezuela tras más de nueve años presos por conspiración

El Gobierno venezolano avanzó en una nueva jornada de liberaciones de detenidos por razones políticas con la excarcelación de ocho militares vinculados al denominado “Caso Paracaidistas”, proceso judicial iniciado en 2017 por presuntas acciones de conspiración contra el régimen de Nicolás Maduro.

Entre los liberados figura el general Ramón Lozada, quien, junto a varios sargentos, permaneció más de nueve años privado de la libertad. La información fue confirmada por Gonzalo Himiob, vicepresidente de la organización no gubernamental Foro Penal, entidad que realiza seguimiento a las detenciones políticas en Venezuela.

Las imágenes divulgadas por la ONG mostraron a los militares saliendo de tribunales y reencontrándose con familiares y simpatizantes. Algunos de los liberados vestían camisetas amarillas y levantaron el puño en señal de celebración. El general Lozada apareció inicialmente en silla de ruedas y posteriormente se incorporó mientras portaba una bandera venezolana sobre el pecho.

Los excarcelados compartieron expediente judicial con el fallecido general Raúl Isaías Baduel, exministro de Defensa y antiguo aliado de Hugo Chávez, quien murió en prisión en 2021.

Familiares cuestionan lentitud de las liberaciones

La jornada de liberaciones se produjo después del anuncio realizado por Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela, quien aseguró días atrás que alrededor de 500 detenidos serían liberados en las “próximas horas”. Sin embargo, familiares de presos políticos y organizaciones defensoras de derechos humanos expresaron inconformidad debido a que, según denunciaron, el número de personas excarceladas sigue siendo inferior al prometido oficialmente.

Andreína y Margareth Baduel, hijas del general Raúl Isaías Baduel, continúan liderando campañas por la liberación de presos políticos y han insistido especialmente en la excarcelación de su hermano Josnars Baduel, detenido desde 2020 por su presunta participación en una fallida incursión armada contra Maduro.

El diputado chavista Jorge Arreaza, encargado de supervisar el proceso de amnistía impulsado por el Gobierno, reconoció retrasos en algunos procedimientos y aseguró que durante la administración de Maduro “no existían condiciones políticas” para abordar este tipo de casos debido a la polarización nacional.

Organizaciones denuncian que aún hay cientos de detenidos

Foro Penal informó que desde enero se han registrado cerca de 800 excarcelaciones de presos políticos en Venezuela. No obstante, la organización sostiene que hasta el pasado 25 de mayo permanecían detenidas 409 personas por motivos políticos.

El Ejecutivo venezolano, por su parte, afirmó que unas 8.000 personas se han beneficiado de la Ley de Amnistía vigente desde febrero. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que gran parte de esos beneficiarios no estaban privados de la libertad, sino vinculados a procesos judiciales abiertos. La situación ha generado nuevas manifestaciones de familiares y activistas, quienes reclaman mayor transparencia sobre las liberaciones y la publicación de listados oficiales de personas beneficiadas.

Protestas por mujeres detenidas en Venezuela

En paralelo a las recientes excarcelaciones, familiares de mujeres detenidas por razones políticas realizaron una protesta frente al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques, estado Miranda. Durante la manifestación fueron exhibidas fotografías y pancartas con imágenes de 34 mujeres que, según Foro Penal, continúan privadas de la libertad por motivos políticos.

Uno de los casos más mencionados fue el de Emirlendris Benítez, detenida desde 2018 y condenada a 30 años de prisión por el caso relacionado con el atentado contra Nicolás Maduro. Su hermana, Melania Leal, denunció públicamente las condiciones de reclusión y recordó que Benítez perdió un embarazo mientras permanecía detenida, en medio de denuncias por presuntas torturas.

A la protesta también asistieron exprisioneros políticos y líderes estudiantiles, quienes cuestionaron el cumplimiento de las promesas oficiales sobre nuevas liberaciones y exigieron garantías para las personas aún detenidas.