Fiscalía venezolana abrió investigación y ordenó exhumación de Víctor Hugo Quero, preso político fallecido bajo custodia estatal

La decisión incluye la exhumación del cuerpo y el desarrollo de diligencias a cargo de la Fiscalía 80 Nacional, despacho con competencia en protección de derechos humanos. La información fue divulgada mediante un comunicado oficial difundido en redes sociales, en el que la entidad indicó que Quero Navas se encontraba recluido desde el 3 de enero de 2025 en el centro penitenciario El Rodeo I, ubicado en las afueras de Caracas.

Según el Ministerio Público, el detenido fue trasladado el 15 de julio de ese año a un hospital tras presentar una “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”. El documento señaló que posteriormente murió por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”.

En el mismo comunicado, la Fiscalía informó que fue ordenada “con prontitud la exhumación del cadáver” como parte de las actuaciones previstas dentro del proceso judicial. El procedimiento estará a cargo de un equipo forense adscrito a la Dirección General de Apoyo a la Investigación Penal.

“Para el desarrollo de esta investigación ha sido comisionada la Fiscalía 80 Nacional con competencia en protección de derechos humanos, con el objeto de realizar todas las diligencias tendientes al esclarecimiento de los hechos, de manera oportuna e imparcial”, indicó el organismo.

La confirmación oficial del fallecimiento se produjo después de varios meses de denuncias presentadas por familiares y organizaciones de derechos humanos, que aseguraban desconocer el paradero de Quero Navas durante su permanencia en prisión.

De acuerdo con la organización Foro Penal, el hombre, de 51 años, permanecía detenido desde enero de 2025 y había sido señalado por presuntos vínculos relacionados con su pasado militar. La ONG indicó además que fue excluido de la ley de amnistía aprobada en febrero por el gobierno venezolano dentro del nuevo proceso político impulsado por la administración encabezada por Delcy Rodríguez.

El Ministerio Público sostuvo en su versión oficial que el detenido “no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”. Sin embargo, distintas organizaciones rechazaron esa afirmación y aseguraron que la familia realizó múltiples diligencias para conocer información sobre su situación.

La organización Justicia, Encuentro y Perdón manifestó que el “supuesto desconocimiento de los vínculos familiares” de Quero “carece de sustento documental”. Según indicó el colectivo, Carmen Navas, madre del detenido, acudió en reiteradas oportunidades ante la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo para obtener información.

En la misma línea, el presidente de Foro Penal, Alfredo Romero, afirmó que la madre del detenido acudió “muchas veces” al penal El Rodeo I y que las autoridades negaban conocer su paradero. Las reacciones también se extendieron a organizaciones de derechos humanos y sectores políticos de oposición. La Defensoría del Pueblo señaló que corresponde a las autoridades desarrollar una investigación “exhaustiva, independiente y transparente” para esclarecer lo ocurrido y establecer posibles responsabilidades.

La entidad sostuvo además que el caso refleja la necesidad de revisar las condiciones de reclusión y el funcionamiento de las instituciones encargadas del sistema penitenciario y judicial venezolano. El coordinador de Exigibilidad Legal de Provea, Marino Alvarado, afirmó que las investigaciones también deberían incluir a funcionarios responsables del sistema penitenciario y de organismos estatales relacionados con la custodia de detenidos.

Por su parte, el dirigente opositor Edmundo González Urrutia señaló en redes sociales que el caso corresponde a una “desaparición forzada seguida de ejecución administrativa del olvido”. El Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela, liderado por María Corina Machado, aseguró que la muerte de Quero Navas ocurrió mientras permanecía recluido en El Rodeo I y responsabilizó a organismos de seguridad del Estado.

Según cifras de Foro Penal, hasta diciembre del año pasado se habían registrado 17 muertes de presos políticos bajo custodia estatal desde 2014. La organización indicó además que actualmente existen 454 presos políticos en Venezuela. El Ministerio Público concluyó en su pronunciamiento que continuará desarrollando actuaciones relacionadas con la investigación y reiteró que seguirá “velando por el respeto y garantía de los derechos humanos en las cárceles y demás establecimientos de reclusión”.

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