El debate sobre la orden ejecutiva que busca eliminar la ciudadanía por nacimiento llegó a la Corte Suprema de Estados Unidos

El Presidente Donald Trump reavivó el debate en torno a uno de los principios constitucionales más arraigados en Estados Unidos, la ciudadanía por nacimiento. 

La polémica resurge tras la firma de una orden ejecutiva, el pasado 20 de enero de 2025, que busca restringir este derecho a los hijos de inmigrantes indocumentados o con estatus migratorio temporal, nacidos en territorio estadounidense.

La base legal de la ciudadanía por nacimiento se encuentra en la primera frase de la Enmienda 14 de la Constitución, que establece que “todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos, y sujetas a su jurisdicción, son ciudadanas de los Estados Unidos y del Estado donde residen”. 

Sin embargo, Trump argumenta que este principio no se ha interpretado de manera correcta y que la ciudadanía no debe extenderse automáticamente a todos los nacidos en suelo estadounidense, en especial cuando los padres no tienen un estatus migratorio legal o su presencia es temporal.

El pasado jueves 15 de mayo la Corte Suprema escuchó los argumentos orales de las partes. La discusión principal gira en torno a si los tribunales inferiores excedieron su autoridad al bloquear la implementación de la orden a nivel nacional. El alto tribunal, de mayoría conservadora, se mostró dividido durante la audiencia, lo que deja en suspenso el futuro inmediato de esta medida.

La comunidad jurídica, por su parte, mantiene una postura crítica frente a la posibilidad de eliminar la ciudadanía por nacimiento mediante una orden ejecutiva. La mayoría de juristas coinciden en que dicha medida requiere una enmienda constitucional, lo que implicaría la aprobación de dos tercios del Congreso y la ratificación de tres cuartas partes de los estados. Algo difícil de lograr al tratarse de un tema controvertido.

Además, precedentes judiciales como el caso Plyler v. Doe de 1982 refuerzan la idea de que incluso los inmigrantes indocumentados están dentro de la jurisdicción de Estados Unidos, y, por tanto, sus hijos nacidos en el país gozan de las protecciones constitucionales. En dicho fallo, la Corte Suprema rechazó el argumento del Estado de Texas que pretendía excluir a los migrantes del ámbito de protección jurídica, al considerar que todos los residentes están sujetos a las leyes del país.

Trump sostiene que la ciudadanía por nacimiento se ha convertido en un incentivo para la inmigración ilegal. No obstante, los límites de su autoridad ejecutiva están siendo puestos a prueba ante la más alta instancia judicial del país, que deberá decidir si esta medida puede entrar en vigor sin vulnerar los principios fundamentales de la Constitución.

Por ahora, el país y la comunidad internacional observan con atención el desenlace de este debate, que podría redefinir el alcance de la Enmienda 14 y modificar el futuro de miles de niños nacidos en suelo estadounidense.

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