EE.UU endureció sanciones a Cuba con aranceles sobre países proveedores de crudo

La administración del presidente Donald Trump declaró una emergencia nacional y habilitó la imposición de aranceles adicionales a los países que vendan o suministren petróleo a Cuba. La decisión fue formalizada mediante una orden ejecutiva firmada en Washington, además se presentó por la Casa Blanca como una respuesta ante lo que calificó como una amenaza directa a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos.

En este sentido, el decreto estableció que cualquier Nación que abasteciera de crudo o productos derivados a Cuba, ya fuera de manera directa o a través de intermediarios, podría enfrentar sanciones comerciales en el mercado estadounidense. 

Aunque la orden no fijó de forma automática las tasas arancelarias, sí creó un mecanismo de evaluación interinstitucional encabezado por los departamentos de Comercio, Estado y Tesoro, con la facultad de determinar la aplicación y el alcance de las medidas en cada caso, pero la decisión final quedó reservada al Presidente.

Trump argumentó que el suministro de petróleo constituía uno de los pilares que permitían la supervivencia del régimen cubano y aseguró que, sin ese respaldo energético, el Gobierno de La Habana no podría sostenerse. 

Así mismo, en declaraciones públicas, el mandatario insistió en que Cuba se encontraba al borde del colapso y celebró que Venezuela, su principal proveedor durante años, hubiera dejado de enviar petróleo y recursos tras la captura de su presidente, Nicolás Maduro, en una operación estadounidense a comienzos del mes donde murieron alrededor de 100 personas y que fue ampliamente criticada por violar la sobernaía de este país. 

Se conoció además que en el texto de la orden ejecutiva, la Casa Blanca sostuvo que las políticas y acciones del Gobierno cubano representaban una amenaza “inusual y extraordinaria” originada fuera del territorio estadounidense. 

Así mismo, se acusó a La Habana de mantener vínculos estrechos con potencias rivales como Rusia y China, y con países como con Irán, y se emncionó que albergarba infraestructura de inteligencia extranjera que, según Washington, era utilizada para recolectar información sensible relacionada con la seguridad de Estados Unidos.

La administración estadounidense también afirmó, sin pruebas conocidas, que Cuba brindaba refugio y apoyo a organizaciones consideradas terroristas por Washington, entre ellas Hezbollah y Hamás, y que facilitaba un entorno seguro para el desarrollo de redes políticas, económicas y de seguridad en la región. 

A estas acusaciones se sumaron señalamientos sobre violaciones a los derechos humanos, como la persecución de opositores políticos, la censura a la prensa, las restricciones a la libertad de expresión y las represalias contra familiares de presos políticos.

La reacción del Gobierno cubano fue inmediata. El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, condenó la medida y la describió como una nueva escalada de la política estadounidense contra la isla. 

En mensajes difundidos en redes sociales, rechazó los argumentos de la Casa Blanca y acusó a Washington de recurrir al chantaje y la coerción para forzar a otros países a sumarse al bloqueo económico, el canciller finalmente, insistió en que Estados Unidos pretendía presentar a Cuba como una amenaza inexistente para justificar sanciones más severas.