Ecuador presentó tres reclamos contra Colombia ante la CAN por disputa arancelaria del 30 %

El Gobierno de Ecuador presentó tres reclamos formales contra Colombia ante la Secretaría General de la Comunidad Andina en siglas CAN, en medio de las dificultades generada por la imposición de un arancel del 30 % a productos colombianos. 

La acción fue planteada como respuesta a los dos recursos que Bogotá interpuso dentro del bloque regional para cuestionar esa medida, de acuerdo con el comunicado oficial, el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones de Ecuador activó los mecanismos comunitarios al considerar que existieron vulneraciones a compromisos adquiridos en el marco del ordenamiento jurídico andino. 

Por su parte, Quito sostuvo que los reclamos buscaban la defensa de sus derechos frente a actuaciones que, a su juicio, resultaron incompatibles con las normas del sistema subregional.

La Cancillería ecuatoriana argumentó que la decisión se adoptó en un contexto en el que identificó presuntos incumplimientos por parte de Colombia de decisiones emitidas por el Tribunal Andino de Justicia. Además, señaló que observó medidas que no se ajustarían a los compromisos asumidos por los países miembros de la CAN.

En relación con el arancel del 30 %, el Gobierno ecuatoriano reiteró que la medida respondió a razones de seguridad nacional, en este sentido y según su posición, la determinación se tomó ante la falta de acciones firmes y equivalentes por parte de Colombia en la lucha contra el crimen organizado transnacional, lo que, en su criterio, justificó la adopción del gravamen.

La disposición aplicó a toda la mercancía que proviniera o fuera originaria de Colombia, con excepción de las importaciones petroleras y de generación energética. Esa exclusión fue detallada en medio del debate sobre el alcance de la medida y sus efectos en el intercambio bilateral.

Por su parte, Colombia acudió a la instancia comunitaria para controvertir la decisión, a través del Ministerio de Comercio, presentó dos recursos ante la CAN en los que solicitó que el arancel fuera levantado y que se evaluara si la medida constituía un gravamen prohibido dentro del marco normativo andino, que establece el libre comercio intracomunitario entre los países miembros.

La Secretaría General de la Comunidad Andina admitió una de las demandas presentadas por Colombia y dispuso el inicio del procedimiento de investigación previsto en la Decisión 425. En su comunicación, indicó que la solicitud cumplía con los requisitos establecidos en los artículos 47 y 49 de esa norma, por lo que procedía su trámite formal.

Ahora, la Comunidad Andina deberá analizar si la imposición del arancel se ajustó a la normativa vigente y si los argumentos de seguridad nacional invocados por Quito son compatibles con los compromisos comerciales asumidos dentro del bloque, pero mientras avanza ese procedimiento, ambos gobiernos manifestaron su intención de tramitar la diferencia a través de los canales institucionales previstos por el sistema andino.