Bolivia elimina impuestos clave y anuncia fuerte ajuste fiscal para atraer inversión en medio de su peor crisis económica en 40 años

El gobierno de Bolivia dio un giro significativo a su política económica con la derogación de cuatro impuestos y un anunciado recorte del 30% del gasto público para 2026. Las medidas, presentadas por el presidente Rodrigo Paz y el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, buscan recuperar la confianza empresarial, reactivar la inversión privada y responder a la compleja crisis que enfrenta el país, marcada por la escasez de combustible, la falta de divisas y la caída de las reservas internacionales.

Entre los tributos eliminados se incluyen el impuesto a las grandes fortunas, creado en 2020 bajo el gobierno de Luis Arce, así como los gravámenes a las transacciones financieras, al juego y a las promociones empresariales. La eliminación de estos impuestos aún debe ser aprobada por el Congreso, pero ya ha generado reacciones favorables en el sector privado. Según Paz, solo el impuesto a las grandes fortunas provocó la salida de más de 2.000 millones de dólares en inversiones hacia países vecinos como Paraguay.

El ministro Espinoza explicó que los tributos abolidos representan menos del 1% de la recaudación fiscal y que su eliminación busca enviar una señal clara de estabilidad jurídica para atraer capitales en un país afectado por dos años de iliquidez. Gremios empresariales, como la Cámara Agropecuaria del Oriente, calificaron la decisión como el fin de una “persecución política” contra el sector privado.

El gobierno, además, anunció un profundo recorte del gasto público equivalente al 4% del PIB, una reducción que Espinoza describió como “masiva”, aunque advirtió que el Estado aún requiere un ajuste adicional. El presidente Paz había prometido durante su campaña reformas graduales para enfrentar la crisis, caracterizada por racionamientos frecuentes de gasolina y diésel debido a la escasez de dólares necesarios para financiar su importación. Actualmente, Bolivia subsidia el combustible en casi un 50%, lo que constituye uno de los mayores costos para el erario.

Pese a los recortes, el ministro confirmó que el tipo de cambio fijo y los subsidios a combustibles se mantendrán temporalmente, mientras el gobierno trabaja en alternativas de estabilización. Analistas, como Gonzalo Chávez, reconocen que las medidas envían un mensaje positivo a los inversionistas, aunque advierten que no atacan completamente los problemas estructurales de la economía boliviana y tendrán efecto solo a mediano plazo.

El presidente Paz destacó la reducción del riesgo país desde su llegada al poder, de 1.200 a 955 puntos, y la reciente aprobación de 550 millones de dólares provenientes de la CAF y el BID, recursos que han contribuido a contener la volatilidad del dólar, cuya cotización en el mercado paralelo llegó a triplicarse en mayo. También anunció la gestión de un paquete de financiamiento internacional que podría superar los 9.000 millones de dólares en los próximos años, aunque sin detallar aún los organismos involucrados.

Adicionalmente, el gobierno iniciará el pago progresivo de deudas atrasadas desde 2022, priorizando a pequeños proveedores y programas sociales. Con estas medidas, la administración Paz busca enviar un mensaje de orden fiscal y estabilidad para enfrentar una de las coyunturas económicas más desafiantes que ha vivido Bolivia en décadas.