MinSalud solicitó el retiro de la Procuradora delegada por declaraciones sobre la UPC

El Ministerio de Salud y Protección Social presentó una solicitud formal para el retiro de la procuradora delegada para el sector salud, Diana Margarita Ojeda, debido a sus recientes declaraciones sobre la Unidad de Pago por Capitación (UPC).

Según el Ministerio, las afirmaciones realizadas por Ojeda carecen de sustento técnico y tienen un “tinte político”.

La solicitud fue enviada a la Procuraduría General de la Nación en un escrito de recusación. En el documento, el Ministerio rechazó las declaraciones de la Procuradora, quien había señalado una supuesta crisis en el sistema de salud derivada de la insuficiencia de la UPC.

Afirmaron que dichas declaraciones no estaban respaldadas por pruebas o análisis técnicos, lo que, según el Ministerio, vulnera principios clave como la imparcialidad y el debido proceso.

En sus intervenciones públicas, la procuradora Ojeda cuestionó el cálculo y la fijación de la UPC para el año 2025, expresando que las razones para la determinación de la unidad no eran técnicas y que existía una “falsa motivación” detrás de la resolución 2717. Además, Ojeda criticó la gestión del sistema de salud en Colombia, señalando la difícil situación del sector:

“Revisen la Unidad de Pago por Capitación, revisen todo lo que han destruido para ver si se logra algo, porque la situación es irreversible, es caótica, la crisis es grande”, expresó. También se mostró crítica hacia la política de privatización de los servicios de salud, sugiriendo que no era el momento adecuado para llevar a cabo reformas tan profundas.

El Ministerio de Salud considera que estas declaraciones afectan la confianza pública en las instituciones y cuestionan la legitimidad del Estado.

Además, argumentaron que la Procuradora no actuó con la imparcialidad requerida para su cargo, lo que motivó la solicitud para la designación de un procurador especializado en Asuntos del Trabajo y la Seguridad Social, que garantice el respeto a los principios de imparcialidad y debido proceso.

La decisión sobre la recusación de la procuradora delegada recae ahora en la Procuraduría General de la Nación.

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