Ministerio de Salud publicó un Proyecto de Resolución para actualizar la regulación de la eutanasia

El Ministerio de Salud publicó un proyecto de resolución que busca dar cumplimiento a diversas órdenes emitidas por la Corte Constitucional en los últimos años, orientadas a regular de manera integral el acceso al derecho fundamental a morir con dignidad en Colombia.

La propuesta normativa está dirigida al talento humano en salud, hospitales y Entidades Promotoras de Salud, EPS, y tiene como objetivo principal garantizar la aplicación efectiva de este derecho.

El documento define el derecho a morir con dignidad como la facultad de cada persona decidir cómo afrontar su muerte. Este derecho no se limita a la eutanasia, sino que también incluye los cuidados paliativos, tanto generales como pediátricos, y la adecuación de los esfuerzos terapéuticos, AET, entendida esta última como la decisión médica de no iniciar o suspender tratamientos que resulten desproporcionados, innecesarios o que generen más sufrimiento que beneficio.

El proyecto aclara que no se requiere agotar una opción para acceder a otra y destaca que el proceso de decisión debe respetar la autonomía del paciente, garantizar respuestas oportunas, imparciales y basadas en criterios clínicos y éticos. Asimismo, establece que la manifestación de voluntad debe contemplar tres momentos: solicitud inicial, reiteración de la solicitud y consentimiento informado.

Además, introduce la noción de “condición de salud extrema”, entendida como aquella situación diagnosticada que es vivida por el paciente como abrumadora, dolorosa o incompatible con su idea de una vida digna. Esta definición contempla desde enfermedades incurables hasta lesiones físicas irreversibles o condiciones que requieren intervenciones médicas permanentes sin esperanza razonable de recuperación.

El documento también establece el funcionamiento de comités especializados. En casos de eutanasia, deberá intervenir un Comité Interdisciplinario de Eutanasia encargado de verificar los requisitos legales. En los casos de AET que generen dilemas ético-clínicos, el procedimiento contará con el apoyo de los Comités de Ética Hospitalaria o Bioética Asistencial.

La resolución busca unificar y actualizar las disposiciones contenidas en las resoluciones 825 de 2018 y 971 de 2021, e incorpora criterios derivados de múltiples fallos de la Corte Constitucional, entre ellos las sentencias C-233 de 2021, T-445 de 2024 y T-057 de 2025. Esta última ordena no excluir a menores de edad con discapacidad cognitiva de la posibilidad de solicitar el procedimiento eutanásico, siempre bajo el respeto de su voluntad y dentro del modelo social de discapacidad.

El proyecto establece que los profesionales de la salud no están obligados a mantener artificialmente el funcionamiento de órganos ante un diagnóstico de muerte cerebral y recuerda el derecho del paciente a suscribir un Documento de Voluntad Anticipada. También reafirma que el acceso a la eutanasia no se restringe a personas con enfermedades terminales, sino que debe garantizarse a quienes sufran física o psicológicamente por condiciones graves e incurables, y hayan expresado de forma libre e informada su decisión.

La propuesta estará sujeta a comentarios y observaciones antes de ser adoptada oficialmente, como parte del cumplimiento de las disposiciones constitucionales en materia de muerte digna en Colombia.

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