Millonaria compra de camionetas para la UNP se desploma tras denuncias de irregularidades

La millonaria compra de camionetas blindadas para la Unidad Nacional de Protección (UNP) ha sido nuevamente frustrada luego de que salieran a la luz serias irregularidades en el proceso de licitación.

En septiembre de 2024, la UNP anunció su intención de adquirir cerca de 170 vehículos para reforzar los esquemas de protección de personas en riesgo, una inversión estimada en $74.000 millones de pesos.

Sin embargo, las alarmas se encendieron cuando se revelaron posibles sobrecostos, que podrían haber inflado el valor de los vehículos hasta en un 90% sobre su precio real.

El proceso, liderado por la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, no ha estado exento de polémica. Desde su inicio, ha sido bloqueado en dos ocasiones debido a denuncias de favoritismos en la licitación y precios elevados injustificados.

Según se sabe, el primer intento de compra se frustró en junio de 2024, ya que una de las cláusulas del contrato exigía un pago anticipado del 90% del valor total, a pesar de que el contrato debía ejecutarse hasta diciembre del mismo año.

A ello se sumó un problema con los modelos de los vehículos: las camionetas Prado, que cumplían con las especificaciones, ya no están disponibles en el mercado, y el reemplazo sugerido, Toyota Fortuner, tendría un valor de hasta $80.000.000 millones de pesos menos, resaltando el posible sobrecosto en la compra.

Revocatoria definitiva por irregularidades contractuales

Este viernes 25 de octubre, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares anunció la revocatoria de la adjudicación de la compra tras recibir observaciones de la Procuraduría General de la Nación.

En particular, el procurador Marcio Melgosa advirtió que los términos de experiencia exigidos para participar en la licitación eran inusuales y restrictivos, limitando injustificadamente la participación de interesados.

El contrato especificaba que los oferentes debían acreditar su experiencia en el suministro de vehículos blindados mediante un mínimo de uno y un máximo de veinte contratos, cuya suma debía igualar o superar el 100% del presupuesto oficial de cada grupo.

Estas cláusulas fueron señaladas como potencialmente restrictivas, limitando la competencia y favoreciendo a ciertos proveedores. Según la resolución 1180, que formaliza la revocatoria, la Procuraduría concluyó que las condiciones podrían viciar el proceso y afectar la transparencia de la licitación.

La UNP bajo la lupa

La UNP ha estado en el centro de numerosas controversias a lo largo de 2024, marcada por la conducta cuestionable de algunos protegidos. Un caso emblemático involucró a disidentes de las FARC, miembros de las disidencias de “Calarcá”, quienes, como parte de los diálogos de paz con el Gobierno, habían recibido vehículos blindados de la UNP.

Sin embargo, varios de estos individuos, aun con órdenes de captura vigentes, habrían utilizado estos vehículos oficiales para movilizar guerrilleros en zonas de conflicto.

En un operativo reciente, el Ejército Nacional capturó a tres integrantes de este grupo guerrillero que viajaban en camionetas asignadas a voceros de las disidencias, quienes recibieron amnistía en el tercer ciclo de conversaciones de paz.

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