Alcaldía de Medellín recusa al superintendente de Salud Daniel Quintero por presunto conflicto de intereses

La Alcaldía de Medellín radicó una recusación contra el superintendente nacional de Salud, Daniel Quintero Calle, con el propósito de que se abstenga de intervenir en decisiones relacionadas con la red pública hospitalaria del Distrito. La solicitud se fundamenta en la existencia de procesos judiciales, controversias administrativas y denuncias cruzadas que, según el documento, podrían afectar la imparcialidad del funcionario.

De acuerdo con la administración distrital, la medida busca garantizar el debido proceso y la transparencia en las actuaciones de inspección, vigilancia y control que ejerce la Superintendencia sobre entidades como el Hospital General de Medellín, Metrosalud y otras instituciones públicas de salud.

Litigios en curso y acciones judiciales

Entre los principales argumentos, el Distrito señala que actualmente cursa una Acción Popular interpuesta contra el Gobierno Nacional, la ADRES, la Superintendencia de Salud y otras entidades del sector, identificada con el radicado 05001-23-33-000-2025-00673-00. Esta acción busca proteger el derecho fundamental a la salud ante presuntos problemas en el flujo de recursos del sistema.

Según la Alcaldía, esta situación ubica al superintendente en una posición de contraparte procesal directa frente a los intereses del Distrito. Además, el Tribunal Administrativo de Antioquia dio trámite, el 2 de febrero de 2026, a un incidente de desacato dentro de este mismo proceso, por presunto incumplimiento de medidas cautelares relacionadas con la financiación del sistema de salud.

A esto se suma una demanda de nulidad electoral presentada el 27 de abril de 2026 ante el Consejo de Estado contra el nombramiento de Quintero como superintendente, radicada bajo el número 11001-03-28-000-2026-00118-00, en la que participan el Distrito y varias entidades públicas de salud de Medellín.

Denuncias y pronunciamientos públicos

El documento también expone la existencia de denuncias con posibles implicaciones disciplinarias y penales derivadas del proceso de empalme administrativo en 2024. Estas actuaciones involucran al actual superintendente y se tramitan ante organismos como la Procuraduría General de la Nación.

Asimismo, se advierte sobre denuncias penales cruzadas entre el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y Daniel Quintero, lo que, según el Distrito, configura un escenario de controversia activa que podría afectar la neutralidad del funcionario.

Otro de los puntos señalados tiene que ver con declaraciones públicas del superintendente en medios y redes sociales, en las que ha calificado la situación del sistema de salud en Medellín con términos como “colapso” o “quiebra”. Para la Alcaldía, estas afirmaciones constituirían juicios anticipados sobre asuntos que están bajo su competencia administrativa.

Fundamento jurídico y alcance de la solicitud

La Alcaldía sostiene que la recusación es un mecanismo legal orientado a preservar los principios de imparcialidad, objetividad y confianza legítima en la función pública. En el documento se enfatiza que no se trata de una controversia personal, sino de una acción preventiva para evitar posibles nulidades en decisiones futuras.

La jurisprudencia contencioso-administrativa ha reconocido la recusación como una herramienta válida cuando existen circunstancias que puedan comprometer la independencia del funcionario. En este caso, el Distrito considera que los antecedentes expuestos justifican la activación de este mecanismo.

El trámite ahora deberá ser evaluado por las instancias correspondientes, que determinarán si procede la separación del superintendente en los asuntos relacionados con Medellín.