(OPINIÓN) Colombia no necesita una cárcel más fotogénica. Por: Manuela Correa Poveda

Quizá la famosa tibieza sea no confundir gobierno con espectáculo.

El martes pasado me dolía una muela. Tengo aún tres muelas de leche con 30 años, sí —ya habrá tiempo para procesar esa humillación biológica—. El caso es que, por alguna razónbcivilizada, no se me ocurrió llamar a un señor con chaleco antibalas para que entrar gritando a mi boca, militarizara las encías y prometiera extraerme media mandíbula en nombre del orden. Fui al odontólogo. Porque incluso en medio del dolor una conserva algo de confianza en la especialización humana: si algo duele, se mira la raíz; si algo está mal, se diagnostica; si hay que intervenir, se interviene con conocimiento y no con entusiasmo de carnicero. Lo que no se hace, salvo que uno confunda medicina con mano dura, es celebrar que alguien llegue con un martillo porque al menos “hace algo”.

Sin embargo, eso es justo lo que Colombia lleva haciendo toda la vida con el crimen. Uno de los países más violentos del continente, y con una creatividad criminal que ya quisiera muchos departamentos de innovación, ha tratado la criminalidad sin instalar de verdad la criminología en el centro de la conversación pública. Se habla de penas, cárceles, operativos, policías, fiscales y jueces, pero a los criminólogos, curiosamente, casi nunca senos llama. Debe de ser que para estudiar el delito basta con tener Twitter y una opinión muy madurada sobre los tatuajes.

O debe ser que la criminología profesional ni siquiera ha terminado de llegar a uno de los lugares del mundo donde más falta hace estudiar el crimen. Este país aún no ha formado a sus primeros graduados. La primera carrera apenas empezó hace poco más de un año. Así que no se me ocurre explicación más breve que esta para entender por qué Colombia castiga tanto y entiende tan poco.

Y antes de que alguien venga con el dedo levantado a decir que en Colombia sí existe la criminalística desde hace años, sí, querido lector. Lo sabemos. Respire. Nadie está diciendo que Colombia no haya tenido grandes criminalistas. El punto es otro: criminalística y criminología no son lo mismo. Por eso, en un alarde extravagante de la lengua, tienen nombres distintos. La criminalística ayuda a investigar el hecho, la escena, la prueba, el indicio. La criminología intenta entender por qué ocurre el delito, cómo se reproduce, qué condiciones lo alimentan y qué políticas lo reducen. También sirve para detectar cuáles propuestas solo existen para que alguien salga en campaña vendiéndonos la idea de que el crimen se arregla endureciendo penas y poniendo cara de padre decepcionado.

¿Te sorprendería saber que “El Tigre” tiene una especialización en Ciencias Penales y Criminológicas por la Universidad Externado de Colombia? A lo mejor a ti no. Al fin y al cabo, como diría él mismo, la ignorancia es atrevida y quizá no tienes por qué distinguir entre una etiqueta académica rimbombante y una formación real en la materia. Pero supongo que al candidato presidencial de la ultraderecha le gustaría que esto se juzgara con sus propias reglas: si la formación importa para hablar de derecho, también debería importar para hablar de criminología.

Desde la matrícula el título empieza a hacer ruido de lata vacía. Esto no es un ataque al Externado, ni a su reputación, obviamente. Es una crítica al efecto óptico del título y al espejismo que produce la parte de “ciencias criminológicas”. Una mira el pensum y descubre que, de trece asignaturas, solo dos tratan propiamente la ciencia: Corrientes criminológicas I y Corrientes criminológicas II. Las demás pertenecen, en su mayoría, al universo penal, procesal, legal y forense. Todo muy respetable. Todo muy útil. Pero nada que tenga que ver con la criminología que promete el nombre de la formación.

Así que ver a un “criminólogo” —las comillas hacen lo que pueden, pobres— proponiendo un “País milagro” construido a punta de megacárceles y bukelismo como política criminal no sorprende tanto. Sorprendería más lo contrario. Que se preguntase qué produce la reincidencia, cómo opera la selectividad penal, qué pasa con el hacinamiento penitenciario, qué delitos se desplazan cuando se militariza un territorio, qué ocurre con las garantías procesales cuando el miedo gobierna y qué condiciones sociales siguen fabricando criminalidad. Pero es cierto que todo esto no cabe en una tarima, y menos si hay fuegos artificiales y bailecitos robándose el show.

El Salvador y Colombia no se parecen lo suficiente como para importar la misma plantilla de Canva. Bukele cerró 2024 con 114 homicidios y una tasa de 1,9 por cada 100.000 habitantes, después de que el país llegara en 2015 a una tasa de 106,3. Es una caída histórica, sí. Negarlo es hacer el ridículo con calculadora en mano. Pero conviene contar la historia completa. Esa reducción llegó con régimen de excepción, suspensión de garantías, más de 83.000 detenciones desde 2022 y denuncias por muertes bajo custodia.

El Salvador combatía principalmente pandillas urbanas con control barrial, extorsión a diario y una estructura muy visible en un país de unos 6 millones de habitantes y poco más de 23.000 kilómetros cuadrados. Colombia, en cambio, es un bicho mucho más grande y más viejo. Tiene más de 52 millones de habitantes, una geografía desbordada, narcotráfico transnacional, minería ilegal, grupos armados, redes de lavado, corrupción local y una criminalidad que no lleva gorras hacia atrás ni tiene pinta de salir perfecta en un vídeo del “antes y después” del orden nacional. Aquí el delito está también en la campaña y en despachos con aire acondicionado donde nadie necesita correr cuando llega la Policía, porque la mayoría de las veces viene a tomar tinto.

Solo este dato debería pinchar el globo de la fantasía antes de que cualquier arquitecto —que hay a punta pala en este país— se ponga a diseñar el render de la cárcel con piscina de testosterona incluida: Colombia no solo tiene homicidios. Tiene economías ilegales incrustadas desde las cordilleras hasta los puertos. En 2023 los cultivos de coca llegaron a 253.000 hectáreas y la producción potencial de cocaína alcanzó unas 2.644 toneladas. Además, Colombia concentraba el 67% de los cultivos mundiales de coca y registró un aumento del 53% en la producción. Eso no se soluciona llenando buses hacia una prisión ni gritando “orden” con cara de haber descubierto el Código Penal de tapa dura.

El crimen organizado colombiano no es una fila de pandilleros esperando cupo penitenciario. Si se militariza una zona, se desplaza. Si cae un jefe, aparece otro. Si se cierra una ruta, se abre una trocha. Qué pereza, claro, ponerse a estudiar cómo funciona el crimen cuando se puede grabar una toma aérea de una cárcel y dejar que el fanatismo haga el resto. Meter gente presa a diestro y siniestro da la misma sensación inicial de limpieza que guardar basura debajo de la cama mientras todo sigue oliendo a podrido. A Colombia le encanta levantar la alfombra para airear el polvo y hacerse la foto, aunque no tenga ni idea de dónde está la escoba.

La experiencia inmersiva de este candidato, con drones y frases de salvador nacional para poner orden antes de que se acabe el tráiler, funciona porque Colombia está entusada. Y cuando uno está entusado siempre resulta más fácil inventarle sentido a unas señales ridículas antes que aceptar lo evidente. Este país lleva tantos años traicionado por el Estado y por grupos armados que cambian de sigla pero no de oficio, que ya le parece razonable creerle al primero que aparezca vendiendo autoridad. La mano dura tiene éxito porque ofrece una historia fácil. Hubo daño, hay culpable, habrá castigo y después vendrá la paz. Qué bonito, qué falso y qué infantil. Esto no es una película de Disney. El crimen aquí no es un ex tóxico al que bloqueas en WhatsApp y desaparece, es una estructura criminal que siempre ha cambiado de piel sin perder el negocio.

Colombia no necesita un caudillo con micrófono que dice ser el único capaz de sacar a las Fuerzas Armadas, ni un señor prometiendo arreglar la República después de comerse un risotto —nunca ajiaco, que de potajes ya se ha hartado durante toda la campaña—. Necesita inteligencia criminal, prevención, investigación, justicia, cárceles que no funcionen como universidades del delito y una política de seguridad que no dependa de cuánta testosterona quepa en una rueda de prensa para ganarse unos votos del electorado femenino. Lo demás, incluidas sus faltas de respeto a periodistas y esas disculpas públicas con tufo a daños reputacionales, se lo dejo a quienes todavía confunden carácter con impunidad bien peinada.

Si hay algún antipetrista leyendo esto, cuidado, no te me desmayes sobre el teclado, esto no es una defensa de Cepeda. Decir que una propuesta de seguridad es pésima no significa bendecir automáticamente la contraria. Que algo no sea negro no quiere decir que sea blanco. Hablar de garantías procesales no es defender delincuentes. Es recordar que el Estado, cuando se equivoca, no se equivoca poquito; se equivoca con esposas, cárcel, antecedentes y vidas metidas en una trituradora burocrática que luego nadie sabe reparar.

Hablando de cosas que no se saben reparar, De la Espriella, entre sus contradicciones en campaña, que son muchas, promete reducir el Estado y, al mismo tiempo, construir un Estado carcelario armado y musculoso que vigile, capture, militarice y controle territorios enteros. Menos Estado para prevenir, para llegar antes que el crimen y para sostener políticas sociales que reduzcan condiciones de riesgo, pero muchísimo Estado para castigar. Una eficiencia que solo brilla en el papel. El Estado estorba si educa o protege, pero se vuelve sublime cuando entra con fusil y presupuesto penitenciario.

Por eso Fajardo resulta tan raro en campaña. No parece estar audicionando para protagonizar el fin del mundo. Tiene problemas, claro. Llega tarde a muchas conversaciones y durante años ha parecido confiar demasiado en que la gente leería sus propuestas con la paciencia con la que él explica una ecuación. Pero entre tanto candidato montado en el circo del sol con redoble de tambor, Fajardo es de los pocos que todavía parece interesado en gobernar y no en ganar el casting de hombre fuerte de la temporada.

Su campaña digital, tarde pero despierta, ha entendido que no había que convertirlo en un Abelardo con gafas. Había que asumir su rareza. En una campaña donde todos compiten por gritar más fuerte, Fajardo casi parece una anomalía biológica, es decir, un adulto funcional. Lo puñetero es que cuando un país vota desde el miedo, pensando “Me gustaría votar por este candidato pero eso sería tirar mi voto”, suele terminar firmando contratos larguísimos con soluciones cortísimas.

Colombia no necesita al candidato que prometa gritarle más alto al delito. Necesita, por una vez, alguien que no trate el país como una mandíbula a la que hay que entrarle con martillo, sino como una estructura enferma que exige diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Ya sé. Suena menos emocionante que una megacárcel. Pero también suele pasar con la medicina, lo que cura de verdad casi nunca hace tanto ruido como lo que promete milagros.