La alcaldía no es la dueña absoluta de EPM

Por Luis Guillermo Suárez*

Antes de abril de 2018 el proyecto Hidroituango era admirado por todos, marchaba de acuerdo a lo esperado, pero sucedió el siniestro que obligó al equipo EPM y al grupo constructor acelerar la presa para evitar un colapso de proporciones apocalípticas; a partir de enero del 2020 el alcalde Daniel Quintero, asumió las decisiones administrativas, políticas, legales y técnicas al interior de EPM violando la autonomía de EPM, definida en el gobierno corporativo aprobado por el Concejo de Medellín, mediante el acuerdo 069 del 10 de diciembre de 1997. El contrato BOOMT definió que EPM debe asumir los costos y riesgos del desarrollo del proyecto y actuar frente a los sub contratistas en todas las eventualidades que se presenten, así como hacerle frente a negociaciones con la compañía de seguros para lograr el pago de las coberturas generadas por un siniestro, pero en este caso, el proceso se debatió en público desconociendo que ya la aseguradora había iniciado el pago y pretendió que los involucrados en la toma de decisiones pagaran el valor, cuando EPM como contratista, es el responsable frente a la contingencia, de cobrar el seguro y entablar las acciones para el cobro después de un análisis de las causas, los efectos y los reales costos del siniestro.

Dentro del proceso de responsabilidades, el Alcalde decidió demandar a los tres subcontratistas de la obra ( Constructores, interventores y diseñadores ), lo ha hecho en forma pública con acusaciones sin resultados concluyentes; también la Contraloría General de la Nación en forma independiente, ha realizado una investigación de carácter fiscal y emitió el fallo de primera instancia aduciendo hechos concatenados desde el inicio del proceso constructivo, contra 26 personas naturales y jurídicas, incluyendo los permisos ambientales y la construcción de vías y dentro del proceso, no brindo las garantías de defensa en versión libre y contradicción a los implicados, para evaluar las acciones en el desarrollo de la obra, que según su fallo deben pagar, liquidando con fórmulas de cálculo diferentes a las convencionales para este tipo de proyectos y propone que la compañía de seguros, para liberar a los implicados, pague los 4,3 billones de pesos. La sociedad entera está en vilo ante el segundo fallo, por las consecuencias para el proyecto, porque si se vincula o no al Consorcio Constructor, implicaría cancelación del contrato con las consecuencias adicionales de involucrar a un nuevo contratista.

En diciembre de 2020 se amplió el contrato por un año al Consorcio Constructor, y como es de esperarse, a su vencimiento implicaría una prórroga por un período que permita avanzar con las obras que se encuentran en el 85%; hoy se anuncia una licitación, cuyos términos y tiempo de desarrollo implican un alto riesgo porque un nuevo contratista, debe cubrir el 100% de los riesgos imputables a los miembros del actual consorcio y no en la proporción de la participación de cada uno, esto implica una dificultad, porque una compañía de seguros debería avalar los riesgos del nuevo contratante en ese 100%; así mismo, el tiempo en poner a punto la continuación de la obra, sería cerca de 18 meses, generando un mayor retraso y mayores costos, con el riesgo de las multas que aplicaría la CREG.

El aviso del BID de hacer exigibles los 450 millones de dólares si le proyecto no genera en junio del 2022, se suma a la incertidumbre, lo que afectaría la caja de EPM y los avales que ha otorgado la Nación para la consecución de ese crédito, aunado a que los demás entes financieros harían lo propio y aplicarían mayores tasas de interés para los créditos de los futuros proyectos.

Todas estas circunstancias han afectado la reputación de EPM ante diferentes entes nacionales y extranjeros; la Alcaldía de Medellín parece no ser consciente del alto riesgo en la toma de decisiones de la Central hidroeléctrica y alejarse de apreciaciones personales y de tipo político; ante la incertidumbre, la comunidad de Medellín como dueña de EPM, debe exigir que se tomen las decisiones acetadas en su empresa insignia, para garantizar los recursos para mantener la dinámica en la inversión social, en la prestación de servicios públicos y asumir los retos del futuro.

*Presidente Junta Directiva de Camacol-Antioquia