Antioquia no solo requiere la autonomía fiscal

Por: Luis Guillermo Suárez

La constitución del 91 no solo requiere modificar el artículo 298 para que los departamentos puedan grabar las rentas y el patrimonio de las personas y las empresas, con el objeto de lograr la necesaria autonomía fiscal de Antioquia; se hace necesario promover un reordenamiento del estado para modificar el efecto que el centralismo bogotano produce en la mala asignación de los recursos, motivado por presiones e intereses políticos, hacia la distribución de los fondos públicos en un Plan de Desarrollo aprobado por Planeación Nacional y el Congreso, al antojo del mandatario de turno.

Los anuncios del presidente Petro acerca de retirarle recursos a proyectos estratégicos de Antioquia, que desde hace décadas los gobiernos locales y la sociedad entera han venido promoviendo como necesarios para lograr el desarrollo, afectarán los proyectos portuarios en el Urabá por los atrasos en el Túnel del Toyo y los que sucederán en las obras de las autopistas 4G, entre otros proyectos impactados por esa restricción planteada desde el Gobierno central.

Esta problemática se presenta en todas las regiones de Colombia, porque su desarrollo está condicionado al manejo centralista del estado, en la mayoría de los casos, desde escritorios en Bogotá, con un gran desconocimiento o ignorancia de las reales necesidades de cada departamento derivada de la incompetencia de muchos de los funcionarios y como lo dice la Ministra de Vivienda Catalina Velasco, “Las necesidades de soluciones de vivienda son un reto porque la idiosincrasia de las regiones son muy diferentes, comparando a Nariño con el Valle, con Antioquia y el resto de las regiones del país”

En la educación suceden casos similares, desde el ministerio de Educación se manejan los programas educativos desconociendo las tradiciones, las costumbres y las reales necesidades de los territorios, agravado por la politización y el manejo tendencioso de FECODE para con los educadores hacia ideologías fallidas, alienando las mentes de los niños y jóvenes, desconociendo los métodos modernos y más grave aún, restando oportunidades para mejorar la calidad de un educación pertinente, que es la verdadera solución para salir del subdesarrollo.

Otro organismo como el SENA está politizado, rígido y lento, con un manejo centralista, requiriendo hasta de tres años en la aprobación de cursos necesarios para las reales necesidades de las seccionales de la institución; igual situación sucede con la Agencia Nacional de Minaría cuya responsabilidad del manejo se le retiró a Antioquia para centralizarla en Bogotá, desconociendo los avances en la formalización de títulos.

Otras instituciones como la Aerocivil cuyo centralismo afecta la aprobación de proyectos en Medellín y la zona del aeropuerto José María Córdova; también sucede en el ANLA Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, cuyos permisos están centralizados, demorando años en aprobarse retrasando iniciativas importantes para el desarrollo de las regiones.

A la acertada propuesta del gobernador Andrés Julián Rendón se requiere un decidido apoyo de la bancada en el Congreso, para realizar los cambios en la carta constitucional del 91, que permitan una mayor autonomía en los departamentos y así promover un mayor desarrollo del país.