Un nuevo capítulo judicial para Miguel Quintero y otros implicados en presunta corrupción en el AMVA

Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, no pudo suspender una vez más la diligencia judicial para la que ya había sido citado en tres oportunidades. Esta vez sí se realizó la audiencia crucial de imputación de cargos. El turno lo tuvo la Fiscalía.

Tras varias postergaciones, la diligencia judicial se llevó a cabo este jueves, marcando un hito en la investigación por presuntas irregularidades en la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA). Este proceso judicial es solo el primero de los que podrá ser protagonista el hermano del exalcalde y ha generado gran expectativa en la opinión pública y en los círculos políticos de Antioquia, dada la relevancia de los implicados y la naturaleza de los delitos investigados.

La audiencia de imputación de cargos. Un proceso con múltiples protagonistas

La Fiscalía General de la Nación citó a Miguel Quintero para formalizar la imputación de cargos en su contra. Sin embargo, no es el único en el banquillo de los acusados. Junto a él, comparecieron otras figuras clave en este entramado de presunta corrupción. Entre los citados se encuentran Álvaro Alonso Villada García, quien se desempeñó como exdirector financiero del AMVA, y Vanesa Álvarez, exasesora jurídica de la misma entidad y exsecretaria de Medio Ambiente de la capital antioqueña. La lista de implicados se completa con Sebastián Ortega, hijo del influyente político del municipio de Bello, William Ortega, cuya participación en los hechos también es objeto de investigación.

El ente acusador tenía previsto formalizar la imputación de cargos por los presuntos delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación. Estas conductas, según la investigación, estarían relacionadas con un supuesto esquema diseñado para controlar la contratación dentro del AMVA.

La gravedad de las acusaciones radica en que este modelo de presunta corrupción no se habría limitado únicamente a esta entidad, sino que, de acuerdo con las pesquisas, se habría replicado en otras instituciones públicas de la región, como Metroparques, el Instituto de Deportes y Recreación de Medellín (Inder) y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), ampliando el alcance de la investigación y sus posibles implicaciones.

Un camino lleno de aplazamientos y obstáculos procesales

La audiencia de imputación de cargos contra Miguel Quintero y los demás implicados no ha estado exenta de contratiempos. Inicialmente, la diligencia estaba programada para el 3 de agosto, pero fue aplazada a solicitud del delegado de la Fiscalía, quien argumentó la necesidad de contar con tiempo adicional para preparar adecuadamente el texto de imputación.

Posteriormente, el 25 de agosto, fue la defensa de Álvaro Villada la que solicitó una nueva postergación, lo que generó un nuevo retraso en el proceso judicial. Un tercer aplazamiento se produjo el primero de septiembre, esta vez por motivos relacionados con la logística judicial.

La diligencia del primero de septiembre estaba planeada para realizarse de manera virtual, a partir de las 2:10 p.m., en el Juzgado 27 Penal de Medellín con funciones de control de garantías. Sin embargo, la titular de dicho despacho se encontraba incapacitada médicamente, lo que obligó a redireccionar el caso al Juzgado 39.

En este nuevo escenario, apenas iniciada la actuación, el abogado de Miguel Quintero, Santiago Trespalacios, planteó una objeción significativa. El jurista argumentó la posible configuración de un “vicio” procesal que podría derivar en una ilegalidad posterior. Su argumento se basó en una norma reciente que establece que, cuando una audiencia programada, no urgente, no se lleva a cabo, debe ser reprogramada en el mismo juzgado de origen.

La juez del Juzgado 39 consideró válida la argumentación presentada por la defensa y, en consecuencia, devolvió el asunto al Centro de Servicios Judiciales de Medellín. Esta decisión llevó a la fijación de una nueva fecha para la audiencia: el 10 de septiembre, a partir de las 2:30 p.m., nuevamente en el Juzgado 27 Penal, cumpliendo así con la normativa procesal invocada por la defensa. Estos aplazamientos y discusiones sobre la legalidad del procedimiento han añadido complejidad y expectación al desarrollo de este caso.

Los detalles de la imputación. Contratos, comisiones y control

Durante la audiencia, la delegada de la Fiscalía inició su intervención señalando que los cuatro indicados “podrían ser partícipes” en los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. La fiscal detalló que las actuaciones de los indiciados se refieren específicamente a seis contratos, cuyo monto total asciende a 17.656 millones de pesos.

Estos contratos fueron suscritos entre el AMVA y el cuerpo de bomberos de Itagüí, con el objetivo de reducir la exposición al riesgo de las comunidades frente a la pandemia del Covid-19 y brindar asistencia a los cuerpos de bomberos del Área Metropolitana.

La Fiscalía sostuvo que, en el marco de estos contratos, se habría cobrado una comisión del 15% del valor total de los mismos. Esta comisión, según la investigación, sería parte de un esquema de apropiación indebida de recursos públicos. La delegada del ente acusador afirmó que Miguel Quintero habría coordinado con el director del AMVA la contratación de personal que no obstaculizara la ejecución de los contratos con los bomberos. Incluso, se habrían separado de sus cargos a aquellos funcionarios que, según los implicados, estaban poniendo trabas a este proceso contractual.

La fiscal también hizo referencia a una reunión clave en la que habrían participado Miguel Quintero, Vanesa Álvarez y Álvaro Villada, junto con el gerente de los bomberos de Itagüí, Misael Cadavid. El propósito de este encuentro, según la investigación, era reducir la comisión que inicialmente se había fijado en un 20%, considerada demasiado onerosa. Finalmente, se habría acordado una comisión del 15%, lo que, para la Fiscalía, evidencia la coordinación y el control ejercido sobre los términos contractuales.

El rol de los implicados y el entramado de influencias

Según la funcionaria judicial, Álvaro Villada, en su calidad de subdirector administrativo del AMVA, tuvo una participación activa y determinante en este esquema. Se le atribuye haber votado en los comités de contratación donde se aprobaron los contratos con los bomberos de Itagüí, además de haber autorizado la disposición presupuestal necesaria para estos fines.

La Fiscalía también señaló que Villada habría contratado a Vanesa Álvarez para que realizara los estudios previos de los dos primeros contratos y preparara las ofertas en nombre de los bomberos voluntarios de Itagüí, lo que sugiere una posible manipulación de los procesos de selección.

Adicionalmente, desde septiembre de 2020, Villada habría ejercido presión sobre María Janeth Rúa para que diera el visto bueno a los informes de los bomberos sin verificar que lo pagado correspondiera realmente a los productos y servicios entregados. Esta conducta, de ser probada, implicaría una grave omisión de los deberes de supervisión y control, facilitando la posible apropiación de recursos.

Por su parte, Vanesa Álvarez, en junio de 2020, habría participado en la elaboración de los estudios previos con los que se suscribieron los dos primeros de los seis contratos con los bomberos de Itagüí. El 30 de junio de ese mismo año, Álvarez habría remitido a Luz Janeth Quintero los estudios sin cumplir con los requisitos necesarios para su aprobación, lo que podría indicar un procedimiento irregular en la fase precontractual.

La Fiscalía enfatizó que Miguel Quintero Calle, a pesar de no ostentar un cargo oficial en la entidad, intervino directamente en los procesos de contratación. Su participación se habría dado a través de Vanesa Álvarez, Álvaro Villada y otros funcionarios ya imputados, con el objetivo de obtener un beneficio económico.

Por esta razón, la Fiscalía considera que Quintero debe responder como determinador de los presuntos delitos cometidos por los servidores públicos, es decir, como la persona que indujo o impulsó la comisión de los ilícitos.

La fiscal recordó que Miguel Quintero y Álvaro Villada mantenían una relación personal desde que trabajaron juntos en la Gobernación de Antioquia. Esta relación de confianza, según la investigación, fue un factor determinante en el desarrollo del entramado. Fue en ese contexto donde también conoció a Laura Mejía, otra de las indiciadas que ha accedido a beneficios por colaboración con la justicia. Estos tres individuos, junto con otras personas, habrían conformado un grupo denominado “amigos” en 2020, con el propósito de coordinar las actuaciones ilícitas.

Los mensajes consignados en la investigación evidencian la realización de reuniones en Metroparques y otros lugares, en las cuales Miguel Quintero impartía instrucciones que eran diligentemente seguidas por los demás miembros del grupo. La fiscal señaló que Quintero remitía fotos a este grupo y era reconocido internamente como “Míster M” o “nuestro jefe”. Desde esta posición, impartía directrices sobre contrataciones de personal y, crucialmente, en relación con los contratos con los bomberos.

Además, con su influencia, habría determinado el nombramiento de Álvaro Villada como subdirector administrativo y financiero del AMVA, así como de funcionarios en la subdirección ambiental, área que resultaba fundamental para la ejecución de sus planes. Este nivel de injerencia, sin ser funcionario público, es uno de los puntos centrales de la acusación de la Fiscalía.