Tribunal de Cundinamarca exigió información sobre designación de exintegrantes de las AUC como gestores de paz

Dentro de la información solicitada, se encuentran funciones y compromisos asumidos por el grupo de exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia designados como gestores de paz.

La decisión se produjo tras resolver un recurso de insistencia interpuesto por Caracol Radio, en el que se solicitaba acceso a datos específicos sobre el alcance de estos nombramientos. El fallo fue adoptado por el magistrado Felipe Alirio Olarte, quien estableció que la entidad requerida deberá dar respuesta a los interrogantes planteados dentro del término fijado.

El caso se origina en la resolución 327 del 21 de septiembre de 2025, mediante la cual el Gobierno nacional designó a 16 exmiembros de las Autodefensas Unidas de Colombia como gestores de paz. Entre los nombres incluidos en dicha resolución se encuentran Salvatore Mancuso, Rodrigo Tovar Pupo, Diego Fernando Murillo Bejarano, Carlos Mario Jiménez Naranjo, Héctor José Buitrago y Fredy Rendón Herrera.

De acuerdo con lo solicitado en el recurso, la información requerida incluye detalles sobre las actividades asignadas a estas personas, los objetivos de su participación en procesos de paz y los compromisos adquiridos en el marco de su designación. También se busca conocer los lineamientos bajo los cuales ejercerían dichas funciones.

El tribunal determinó que la entidad competente debe suministrar la información requerida, al considerar que corresponde a datos de interés público vinculados con decisiones adoptadas por el Gobierno en el desarrollo de su política de paz. La orden implica que se dé una respuesta concreta a las preguntas formuladas, dentro del plazo establecido por la providencia.

La figura de gestor de paz ha sido utilizada en distintos momentos como parte de estrategias orientadas a facilitar acercamientos, diálogos o procesos de desmovilización con actores armados. En este caso, la designación de exintegrantes de las AUC se formalizó mediante un acto administrativo específico que definió su inclusión en este rol.

El recurso de insistencia, mecanismo contemplado para solicitar la revisión de una negativa en el acceso a información, fue presentado luego de que no se obtuviera respuesta satisfactoria a las solicitudes iniciales. Con la decisión del tribunal, se establece la obligación de la Consejería para la Paz de entregar los datos requeridos en el tiempo fijado.

La resolución judicial no modifica el contenido del acto administrativo mediante el cual se realizaron los nombramientos, sino que se enfoca en garantizar el acceso a la información relacionada con su implementación. En ese sentido, el cumplimiento de la orden implica la entrega de documentos o respuestas que detallen el alcance de las funciones asignadas a los gestores.

El pronunciamiento se enmarca en las disposiciones sobre acceso a la información pública y en los mecanismos legales disponibles para solicitar datos a entidades del Estado. Con esta decisión, el tribunal fija un plazo concreto para que la entidad involucrada atienda la solicitud presentada por el medio de comunicación.

La orden tendrá que ser cumplida dentro de los cinco días siguientes a la notificación, conforme a lo establecido en la providencia judicial.

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