Tribunal admitió demanda contra el Gobierno por omisión en la protección de menores reclutados por estructuras criminales

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca aceptó para su estudio una demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho contra la Presidencia de la República y el ICBF, señalando la falta de acción del Estado ante el creciente problema del reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales.

La acción legal exige que se reconozca la crisis humanitaria que afecta a menores en diversas regiones del país y que se implementen medidas concretas para frenar este delito. Según FEDe. Colombia, el aumento de la violencia y la expansión de grupos armados han generado un entorno propicio para que menores sean captados y explotados por estas organizaciones, sin que el Estado haya logrado una respuesta efectiva.

Datos de la Defensoría del Pueblo revelan que en 2024 se reportaron 463 casos de reclutamiento forzado, con 279 niños y 184 niñas víctimas de esta situación. En lo que va de 2025, se han recibido nuevas denuncias desde Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Norte de Santander y Santander, lo que confirma la persistencia y gravedad del problema.

Andrés Caro, director de FEDe. Colombia, advirtió que el Estado colombiano tiene el deber constitucional de proteger a la infancia y garantizar su integridad, pero que las acciones tomadas hasta el momento han sido insuficientes. «El reclutamiento forzado es una crisis silenciosa que las instituciones no pueden seguir ignorando. La ausencia de estrategias coordinadas y la falta de acción concreta han permitido que este flagelo continúe cobrando víctimas», manifestó.

La demanda destaca que, a pesar de la existencia de mecanismos para prevenir y enfrentar esta problemática, la falta de coordinación entre entidades estatales ha impedido una respuesta efectiva. Asimismo, se cuestiona que en las mesas de negociación con grupos armados ilegales no se haya priorizado el fin del reclutamiento de menores como un tema fundamental.

FEDe. Colombia ha solicitado que se implementen medidas urgentes, como la inclusión del tema en los diálogos con grupos armados, el fortalecimiento de los Equipos de Acción Inmediata en las zonas con mayores índices de reclutamiento y la creación de programas con indicadores claros para evaluar la eficacia de las acciones gubernamentales.

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca analizará si emite medidas urgentes para abordar esta crisis o si la demanda sigue su curso en la justicia administrativa. Mientras tanto, los menores en las regiones más afectadas continúan expuestos a un delito que atenta contra sus derechos y su futuro.

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