Tribunal Administrativo de Antioquia dio seis meses al Invías para reparar la autopista Medellín-Bogotá

La acción popular es un mecanismo judicial que permite a cualquier ciudadano pedir la protección de derechos que pertenecen a toda la comunidad, como la seguridad pública o el espacio público, cuando una autoridad o un particular los amenaza o vulnera.

En este caso, los demandantes denunciaron que el tramo comprendido entre El Santuario y Caño Alegre presenta baches, fisuras, deformaciones del pavimento y problemas en taludes y drenajes. Según su escrito, el deterioro ha causado accidentes con heridos y fallecidos, sobrecostos en el mantenimiento de vehículos y pérdidas para el transporte de carga y pasajeros. También señalaron afectaciones a comunidades de San Luis, Puerto Triunfo, San Francisco, Cocorná y Sonsón, en especial a la movilidad escolar, y reclamaron un plan de acción con soluciones de fondo.

El Tribunal se apoyó en los informes de la interventoría del contrato vigente, a cargo del Consorcio Intergestión AD, correspondientes a septiembre y octubre de 2025. De acuerdo con esos reportes, de los 127 kilómetros evaluados entre El Santuario y Puerto Triunfo, 73 kilómetros (55 %) se encontraban en mal estado, 36 kilómetros (27 %) en estado regular y apenas 18 kilómetros en condición buena o muy buena.

En su defensa, el Invías sostuvo que no existe un deterioro generalizado, sino afectaciones puntuales asociadas al tránsito de vehículos pesados y a las lluvias. Además, argumentó que desde 2019 ha suscrito cinco contratos de gestión vial integral con inversiones superiores a 327.000 millones de pesos.

La Sala no acogió ese argumento. Consideró que la existencia de contratos y presupuestos no demuestra, por sí sola, la recuperación efectiva de los tramos afectados. Señaló también que la entidad conocía las quejas de la comunidad desde junio de 2025, que reconoció en una reunión la insuficiencia de recursos para atender todas las necesidades del corredor y que, a julio de 2026, no había aportado un diagnóstico actualizado de la carretera.

Al acceder parcialmente a las pretensiones, el Tribunal declaró que el Invías vulneró los derechos colectivos a la seguridad pública y a la seguridad y prevención de desastres previsibles técnicamente. En consecuencia, le ordenó:

• Elaborar un diagnóstico técnico actualizado del corredor.

• Ejecutar, con base en ese diagnóstico, un programa de reparación y mantenimiento que priorice los puntos de mayor riesgo para los usuarios.

• Revisar y corregir la señalización en los sectores intervenidos.

• Entregar, al vencer el plazo, un informe técnico final con los soportes de las obras realizadas.

Según lo reportado, la orden no implica repavimentar la totalidad de la vía, sino intervenir los tramos que lo requieran. El plazo de seis meses empezará a contarse cuando la sentencia quede ejecutoriada, es decir, en firme y sin recursos pendientes.

Para vigilar el cumplimiento se conformará un comité de verificación, integrado por los demandantes, un delegado del Invías, el Ministerio Público y el magistrado ponente, Juan Guillermo Cardona Osorio, quien lo presidirá.

La decisión se conoció días después de la muerte de Carlos Julián Gallego Duque, docente de la Institución Universitaria Pascual Bravo y trabajador de EPM, en un accidente en el sector El Silencio, en San Luis. Según las primeras versiones, perdió el control tras pasar por un hueco y chocó contra un furgón; las autoridades investigan si el estado de la vía incidió en el siniestro.

Por tratarse de un fallo de primera instancia, la decisión podría ser impugnada ante el Consejo de Estado. Hasta el cierre de esta nota no se conocía un pronunciamiento público del Invías posterior a la sentencia.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué ordenó el Tribunal Administrativo de Antioquia al Invías?

El tribunal ordenó al Invías realizar un diagnóstico técnico y ejecutar un plan de reparación y mantenimiento en la autopista Medellín-Bogotá en un plazo de seis meses.

¿Cuál es el estado actual del corredor vial según los informes técnicos?

De los 127 kilómetros evaluados entre El Santuario y Puerto Triunfo, el 55 % se encuentra en mal estado y el 27 % en estado regular, presentando baches, fisuras y fallas en drenajes.

¿Por qué se tomó esta decisión judicial?

La justicia determinó que el deterioro de la vía vulnera los derechos colectivos a la seguridad pública y prevención de desastres, tras denuncias de accidentes fatales y afectaciones a la movilidad de varios municipios.