Tesorero de Bomberos de Itagüí acepta irregularidades en contratos y firma preacuerdo con la Fiscalía en medio de escándalos que involucran administración Quintero.

Las investigaciones que adelantan las autoridades sobre la contratación pública durante la pasada administración de Daniel Quintero y en especial lo ocurrido en el Área Metropolitana en cabeza de Juan David Palacio, continúan avanzando y empiezan a arrojar nuevos elementos que podrían ser determinantes para el desarrollo de varios procesos judiciales.

Durante una reciente audiencia, Juan Alberto Cardona Henao, quien se desempeña como tesorero del Cuerpo de Bomberos de Itagüí desde el año 2019, aceptó un acuerdo con la Fiscalía General de la Nación en el que reconoció la existencia de irregularidades relacionadas con contratos celebrados con la Alcaldía de Medellín y otras entidades públicas.

La diligencia judicial forma parte de un conjunto de procesos que buscan esclarecer presuntas anomalías en el manejo de recursos públicos y en la ejecución de contratos durante el periodo comprendido entre noviembre de 2020 y diciembre de 2022.

Según lo expuesto durante la audiencia, Cardona reconoció hechos relacionados con la elaboración y utilización de documentos que habrían servido para respaldar pagos y desembolsos que actualmente son objeto de investigación por parte de los organismos judiciales.

Documentos falsificados y cobros irregulares

Dentro de los hechos aceptados por el funcionario se encuentra la elaboración de al menos 15 documentos presuntamente falsificados, los cuales habrían sido utilizados para tramitar pagos a nombre de proveedores registrados.

De acuerdo con la información presentada en la diligencia, varias de las personas y empresas proveedoras de servicios de transportes y cuyos nombres aparecieron en las cuentas de cobro, no tenían conocimiento de que estaban siendo utilizadas para respaldar solicitudes de desembolso.

Las sumas involucradas en los documentos investigados comenzaron con montos cercanos a los tres millones de pesos y posteriormente aumentaron progresivamente hasta superar, en promedio, los 11 millones de pesos por cada operación.

Las autoridades buscan establecer el alcance de estas actuaciones, identificar a los posibles responsables y determinar si existieron redes o estructuras que facilitaron la ejecución de estas operaciones dentro de los procesos contractuales en lo que es, según la fiscalía, la comisión de falsedad en documentos.

Preacuerdo con la Fiscalía

Como parte de la negociación judicial, Cardona suscribió un preacuerdo con la Fiscalía General de la Nación mediante el cual aceptó su participación en los hechos investigados.

A cambio de su colaboración y reconocimiento de responsabilidad, el acuerdo contempla una sanción de 19 meses de prisión, beneficio que ahora deberá ser evaluado por el juez encargado del caso.

La aceptación del preacuerdo provocó la suspensión de la audiencia, permitiendo que el proceso continúe en una nueva sesión programada para el próximo jueves a las 9:00 de la mañana.

Durante esa diligencia, el despacho judicial analizará si el acuerdo cumple con los requisitos legales y determinará si procede o no su aprobación definitiva.

La aceptación de la comisión de los delitos y el preacuerdo llevado ante el juez complican la situación del exgerente del Área Metropolitana, Juan David Palacio, toda vez que el preacuerdo implica la colaboración efectiva con

la fiscalía para que se develen más irregularidades y los responsables.

Investigación podría involucrar a más personas

Las actuaciones judiciales no se limitan únicamente al tesorero de Bomberos de Itagüí. De acuerdo con la información conocida durante el proceso, las investigaciones también involucran a otros exfuncionarios, contratistas y personas relacionadas con la ejecución de contratos celebrados tanto con el organismo de socorro como con la Alcaldía de Medellín. Dentro de estos procesos, desde enero han sido vinculadas más personas, entre ellas, Ana María Roldán Ortiz y Diana María Montoya Velilla, según la fiscalía, además de Misael Cadavid, jefe de bomberos que está bajo medidas judiciales.

Los organismos de investigación continúan recopilando pruebas y testimonios para establecer responsabilidades individuales y determinar el impacto que las presuntas irregularidades pudieron tener sobre los recursos públicos comprometidos.

El caso se suma a otros procesos que actualmente examinan actuaciones administrativas y contractuales desarrolladas durante la pasada administración municipal, en medio de un creciente escrutinio judicial sobre el manejo de recursos públicos en Medellín.