Superfinanciera abrió investigaciones por recursos de AFP que no han sido trasladados a Colpensiones

La Superintendencia Financiera de Colombia, entidad encargada de la supervisión y regulación del sistema financiero del país, anunció el pasado 13 de mayo de 2026 la apertura formal de investigaciones de gran calado. Estas pesquisas se centran en el proceso de traslado de recursos desde las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) hacia Colpensiones, el régimen de prima media, un tema de vital importancia para miles de ciudadanos colombianos. La preocupación principal radica en que, según las indicaciones de la propia Superintendencia, estos recursos aún no se han materializado en Colpensiones, a pesar de que los afiliados involucrados ya han cumplido con todos los requisitos para consolidar su derecho pensional.

En un comunicado oficial emitido por la entidad, se especificó que estas actuaciones no son aleatorias, sino que se adelantan “atendiendo las indicaciones del señor Presidente de la República”. Esta directriz presidencial subraya la relevancia y la urgencia que el Gobierno Nacional le otorga a la resolución de esta situación. Además, la Superfinanciera actúa en el marco de sus funciones constitucionales y legales, que le confieren la potestad de supervisar, controlar y sancionar a las entidades del sistema financiero para garantizar su buen funcionamiento y la protección de los derechos de los consumidores.

Las investigaciones en curso están directamente relacionadas con los recursos de aquellos ciudadanos que, en su momento, tomaron la decisión de trasladarse del régimen de ahorro individual con solidaridad, administrado por las AFP, al régimen de prima media con prestación definida, gestionado por Colpensiones. Esta elección, amparada por la ley, busca ofrecer a los afiliados la opción que mejor se adapte a sus expectativas pensionales, y el correcto y oportuno traslado de sus ahorros es fundamental para la materialización de sus derechos.

La Superintendencia Financiera precisó que el monto total de los recursos que se encuentran en esta situación asciende a una cifra considerable: “COP 8,7 billones”. Este valor representa una suma significativa que pertenece a “32.803 afiliados que ya consolidaron su derecho pensional”. La magnitud de estos números resalta la criticidad del problema, afectando directamente la seguridad económica de decenas de miles de futuros pensionados y la liquidez del sistema pensional en general.

A pesar de la retención de estos recursos, la entidad informó que, de ese total de afiliados, “24.331 ya están recibiendo su mesada por parte de Colpensiones”. Este dato, aunque positivo para los beneficiarios que ya perciben su pensión, no exime la necesidad de investigar por qué los recursos correspondientes a sus traslados aún no han sido efectivamente transferidos, lo que podría generar desequilibrios o presiones financieras a largo plazo para Colpensiones.

El comunicado también hizo una importante referencia al Decreto 415 de 2026, una normativa que había sido expedida con el propósito de establecer las condiciones y los plazos específicos para efectuar estos traslados de recursos entre regímenes pensionales. Sin embargo, la Superfinanciera aclaró que esta norma “se encuentra suspendida por los autos del 28 de abril y del 11 de mayo de 2026, proferidos por el Consejo de Estado”. Esta suspensión añade una capa de complejidad al panorama, ya que la ausencia de un marco regulatorio claro y vigente para estos traslados podría estar contribuyendo a la dilación en la transferencia de los fondos.

Según la Superintendencia Financiera, el objetivo primordial de estas investigaciones es permitir la adopción de las decisiones necesarias y pertinentes para “proteger los derechos de los consumidores financieros”. Esto implica asegurar que los afiliados reciban sus pensiones de manera oportuna y completa, y que sus ahorros sean gestionados con la debida diligencia. Adicionalmente, se busca “garantizar la estabilidad del sistema financiero colombiano”, evitando que la incertidumbre o la falta de transparencia en el manejo de estos multimillonarios recursos pensionales generen riesgos sistémicos o afecten la confianza pública en las instituciones financieras del país.