"Se están matando entre ellos". Más de 50 muertos en Guaviare tras combates entre disidencias de las Farc.
La confrontación armada entre estructuras disidentes de las Farc lideradas por alias “Iván Mordisco” y alias “Calarcá” dejó más de 50 personas muertas en zonas rurales de San José del Guaviare. Mientras avanzan las labores de identificación de las víctimas, la Defensoría del Pueblo cuestionó la ausencia estatal en la región y advirtió sobre la persistencia del reclutamiento forzado de menores en medio de la disputa por corredores estratégicos para economías ilícitas.
La situación de orden público en el departamento del Guaviare volvió a encender las alarmas nacionales tras los enfrentamientos registrados entre dos facciones armadas disidentes de las antiguas FARC que disputan el control territorial y las rutas asociadas al narcotráfico en esta región del país.
Los combates ocurrieron en sectores rurales de San José del Guaviare, especialmente en las zonas de La Siberia, Caño Cumare y Pipiral, donde integrantes del autodenominado Estado Mayor Central, bajo el mando de alias “Iván Mordisco”, se enfrentaron a miembros del Estado Mayor de Bloques y Frentes, estructura dirigida por alias “Calarcá”.
En medio de la emergencia, habitantes de la zona participaron en la recuperación de decenas de cadáveres. Una de las expresiones que reflejó el impacto de la tragedia fue la de una residente que, según testimonios conocidos durante las labores humanitarias, exclamó: “Se están matando entre ellos”, al observar la magnitud de la confrontación.
Hasta el momento, las autoridades han logrado recuperar 48 cuerpos, mientras continúan las labores de verificación sobre el número total de víctimas, que superaría las 50 personas fallecidas.
Defensoría denuncia abandono estatal y alerta por menores reclutados
La Defensoría del Pueblo manifestó su preocupación por las condiciones en las que permanecieron las comunidades afectadas durante los días posteriores a los enfrentamientos.
La entidad señaló que durante cerca de dos jornadas los habitantes convivieron con los cuerpos sin vida sin presencia efectiva de las autoridades ni control institucional en la zona. Solo la llegada de una comisión humanitaria integrada por organismos nacionales e internacionales permitió avanzar en la recuperación y traslado de los cadáveres.
La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, indicó que hasta ahora únicamente diez víctimas han sido identificadas plenamente, mientras que 38 permanecen sin establecer su identidad.
Uno de los aspectos más preocupantes para las autoridades humanitarias es la información preliminar que apunta a que varias de las víctimas podrían corresponder a menores de edad reclutados de manera forzada por los grupos armados ilegales.
La confirmación oficial de estas circunstancias dependerá de los análisis forenses que adelanta Medicina Legal, entidad encargada de trasladar los cuerpos hacia Bogotá y Villavicencio para su identificación y estudio.

Gobierno anuncia refuerzo institucional en la región
Tras conocerse la magnitud de los hechos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó lo ocurrido como una tragedia y una masacre.
El funcionario señaló que información obtenida por las autoridades confirma la existencia de prácticas sistemáticas de reclutamiento de menores dentro de las estructuras ilegales involucradas en el enfrentamiento.
Paralelamente, el Gobierno nacional anunció el fortalecimiento de la presencia militar y de las instituciones del Estado en el departamento del Guaviare con el propósito de recuperar el control territorial y brindar protección a la población civil, que continúa afectada por la confrontación armada.
Entre las víctimas figura un cabecilla disidente
Las Fuerzas Militares también confirmaron que entre los fallecidos se encuentra alias “Negro Primo” o “Domingo Bioho”, señalado como cabecilla del frente Antonio Ricaurte perteneciente a la estructura de alias “Iván Mordisco”.
De acuerdo con la información oficial, el hombre llevaba varios años vinculado a las disidencias y había ascendido progresivamente dentro de la organización hasta ocupar posiciones de mando.
Mientras avanzan las investigaciones y los procesos de identificación de las víctimas, organismos de derechos humanos continúan acompañando a las familias afectadas por uno de los episodios más graves de violencia registrados recientemente en el suroriente colombiano.
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