Ricardo Roa no quedó oficialmente imputado y Fiscalía aplazó aclaraciones para la próxima semana

La diligencia judicial se adelantó ante el Juzgado 35 Penal Municipal con función de control de garantías de Bogotá, luego de varios intentos fallidos para realizar la audiencia. Durante la sesión virtual, el fiscal delegado contra la corrupción aseguró que existen pruebas documentales, contables y financieras que sustentan la investigación relacionada con los gastos de la campaña Petro Presidente en primera y segunda vuelta presidencial.

La Fiscalía sostuvo que, en calidad de gerente de campaña, Roa tenía bajo su responsabilidad la autorización de gastos, la administración financiera, la aprobación de pagos y el manejo de las operaciones presupuestales.

El proceso penal se originó tras la compulsa de copias realizada por el Consejo Nacional Electoral en noviembre de 2025, cuando los magistrados encargados del expediente remitieron información a la Fiscalía para investigar posibles irregularidades en el manejo de recursos durante la contienda presidencial de 2022.

Según el ente acusador, buena parte del material probatorio proviene de soportes contables, documentos financieros y registros entregados por el Consejo Nacional Electoral, además de la información reportada por la campaña en el aplicativo Cuentas Claras, plataforma utilizada para registrar ingresos y gastos electorales.

Durante la audiencia, el fiscal explicó que el límite establecido para los gastos de primera vuelta presidencial era de 28.536 millones de pesos. Sin embargo, tras revisar pagos, contratos, servicios y movimientos contables, la Fiscalía concluyó que la campaña habría ejecutado gastos reales cercanos a los $29.924 millones de pesos, lo que representaría un exceso superior a 1.388 millones de pesos frente al tope autorizado.

La Fiscalía aseguró que la campaña reportó oficialmente gastos por $28.384 millones de pesos, cifra que, según la investigación, no reflejaría la totalidad de los recursos utilizados. El ente acusador indicó que se identificaron gastos y aportes no reportados o reportados parcialmente por más de $1.193 millones de pesos durante la primera vuelta.

Entre los registros mencionados durante la imputación aparecen pagos realizados a empresas relacionadas con logística, eventos, transporte, producción audiovisual, estudios de mercado y actividades políticas. La Fiscalía hizo referencia a recursos destinados a servicios de la Unión Sindical Obrera, Turismo al Vuelo S.A.S., Cinema Color S.A.S., Cultura Popular S.A.S., Neuro Data S.A.S., Fundación Prensa y otros proveedores vinculados a actividades de campaña.

El delegado de la Fiscalía también señaló que se detectaron inconsistencias en la imputación contable de gastos entre la primera y segunda vuelta presidencial. Según explicó, algunos pagos que correspondían cronológicamente a la primera vuelta fueron registrados dentro de los gastos de la segunda vuelta con el propósito de ajustar las cuentas de campaña frente a los límites establecidos por la autoridad electoral.

Dentro de esos movimientos contables, el fiscal mencionó gastos relacionados con servicios de logística prestados por Seguridad Jamaro y pauta contratada con Caracol Televisión, por valores superiores a $358 millones de pesos, que habrían sido incluidos en registros correspondientes a la segunda vuelta pese a haberse ejecutado en la primera etapa electoral.

La investigación también identificó registros relacionados con eventos realizados durante junio de 2022 que, según la Fiscalía, fueron reportados como gastos de primera vuelta pese a haber ocurrido cuando ya se desarrollaba la segunda vuelta presidencial. Entre esos movimientos aparece un pago realizado a Hoteles de La Recolecta S.A.S.

En relación con la segunda vuelta, la Fiscalía indicó que el límite de gastos fijado por el Consejo Nacional Electoral era de $13.347 millones de pesos. No obstante, la investigación concluyó que los gastos reales habrían ascendido a más de $13.623 millones de pesos, generando un exceso superior a $276 millones de pesos.

Según el ente acusador, en esta etapa también se encontraron recursos y pagos que no fueron registrados ante el CNE ni en el aplicativo Cuentas Claras. Entre ellos figuran aportes y servicios relacionados con la Unión Sindical Obrera, Turismo al Vuelo S.A.S. y la Corporación Grupo Red Andina A3 Colombia.

El juez 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías suspendió la audiencia de imputación de cargos contra Roa, tras respaldar la petición de la defensa de Roa sobre la necesidad de que la Fiscalía General de la Nación aclare en detalle varios aspectos de la investigación que sustentan la imputación.

La audiencia continuará el próximo 11 de mayo, fecha en la que el juzgado dará continuidad a la formulación de imputación dentro del proceso penal. Debido a esta decisión, el presidente de Ecopetrol no quedó formalmente imputado, ya que el procedimiento aún no ha sido legalizado por el juez y las dudas planteadas por la defensa no han sido resueltas en su totalidad.

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