Procuraduría suspendió a nueve concejales de Ipiales por sesión realizada fuera de la sede oficial

La decisión fue adoptada luego de la investigación realizada por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Pasto, que concluyó que los funcionarios vulneraron disposiciones del Código General Disciplinario y desconocieron principios de legalidad y moralidad administrativa en el ejercicio de sus funciones públicas.

Los hechos ocurrieron el 29 de febrero de 2024 en el corregimiento de La Victoria, donde los concejales llevaron a cabo una sesión en la que debatieron y aprobaron diferentes proyectos de acuerdo municipal. Entre las iniciativas discutidas durante esa jornada estuvo el Acuerdo Municipal 002 de 2024, mediante el cual se estableció el reconocimiento y pago de honorarios para los integrantes de las Juntas de Acción Local y se actualizó la escala de viáticos para el alcalde y los miembros del Concejo de Ipiales. La Procuraduría evaluó las actuaciones adelantadas durante esa sesión y determinó que la corporación sesionó en un lugar distinto al autorizado oficialmente para el desarrollo de las actividades institucionales.

Como resultado del proceso disciplinario, el ente de control impuso una suspensión de cuatro meses a los concejales David Fernando Almeida Paredes, William Orlando Benavides Rosero, Iván Darío Chalaca Díaz, Adrián Alberto Guerrero Romero, Carlos Alberto Hualpa, Raúl Lizandro Malpud, Franco Mauricio Portillo Paredes y Edmar Antonio Rosero Estupiñán. Según la Procuraduría, los funcionarios incurrieron en irregularidades administrativas al participar en una sesión desarrollada fuera de las condiciones establecidas para el funcionamiento de la corporación pública.

En el caso de Miguel Alejandro Huertas Erazo, quien para la fecha de los hechos ejercía como presidente del Concejo Municipal, la Procuraduría determinó una sanción de suspensión por seis meses debido a su condición de presidente de la corporación durante el desarrollo de la sesión cuestionada. Sin embargo, el ente de control explicó que, tras la renuncia del funcionario a su cargo, la sanción fue convertida en una multa económica cercana a los 26 millones de pesos, conforme a las disposiciones disciplinarias aplicables en este tipo de casos.

Dentro de la investigación adelantada por el Ministerio Público también se revisaron las decisiones aprobadas durante la jornada realizada en el corregimiento de La Victoria, especialmente las relacionadas con el reconocimiento económico para integrantes de las Juntas de Acción Local y las modificaciones en la escala de viáticos de funcionarios municipales. La Procuraduría sostuvo que las irregularidades identificadas estaban asociadas específicamente al desarrollo de la sesión fuera del recinto oficial autorizado para las reuniones del Concejo, situación que derivó en la imposición de las sanciones disciplinarias.

El fallo emitido por la Procuraduría Provincial de Juzgamiento de Pasto corresponde a una decisión de primera instancia, por lo que los concejales sancionados podrán presentar recursos de apelación dentro del proceso disciplinario. Con ello, el expediente continuará su trámite mientras se resuelve de manera definitiva la situación jurídica de los funcionarios involucrados en la actuación adelantada por el organismo de control.

La Procuraduría recordó que las corporaciones públicas deben adelantar sus sesiones bajo las condiciones establecidas por la normatividad vigente y en los espacios autorizados oficialmente para el ejercicio de sus funciones. Además, reiteró que las actuaciones de los servidores públicos deben ajustarse a los principios de legalidad, moralidad y cumplimiento de las disposiciones administrativas que regulan el funcionamiento institucional de las entidades territoriales.

Concejo de Bogotá aprobó incentivos para buscar partidos de la Selección Colombia en El Campín