A la cárcel cuatro hombres señalados de trasladar a adolescentes reclutados por disidencias desde Nariño hasta Soacha

Un rescate que comenzó con una alerta ciudadana

De acuerdo con la información conocida este lunes 9 de noviembre de 2026, el caso se originó con el aviso de un ciudadano a la Policía Nacional sobre la presencia de varios adolescentes en establecimientos hoteleros del barrio El Altico, en Soacha, municipio vecino de Bogotá.

Según el relato de las autoridades, el grupo había llegado al municipio el lunes 2 de noviembre. Al día siguiente, los uniformados inspeccionaron los alojamientos y encontraron, en distintas habitaciones, a cuatro menores de edad de entre 15 y 17 años. Los jóvenes manifestaron que habían sido reclutados y que permanecían allí en contra de su voluntad.

En el mismo procedimiento fueron capturados en flagrancia cuatro hombres, identificados como Enrique Sinisterra Jori, conocido con el alias de "José Benavides"; Juan Camilo Cárcamo Montoya, alias "Anderson"; Delio Ruano Yela y Brayan Alexander Chávez Loor. A los detenidos les fueron incautados cuatro vehículos, cinco teléfonos celulares y cinco memorias USB, elementos que quedaron a disposición de la investigación.

La ruta: de Policarpa al Guaviare

La Fiscalía sostiene que los adolescentes habían salido de Policarpa, en el departamento de Nariño, y que serían trasladados hacia el Guaviare para integrarse a otra estructura armada ilegal. Según el ente acusador, los menores habrían sido reclutados por el frente Franco Benavides, una de las facciones de las disidencias de las antiguas Farc con presencia en Nariño.

Para la Fiscalía, los cuatro procesados cumplían la función de transportar y custodiar a los menores durante el recorrido, lo que los vincularía con la cadena de reclutamiento. Estos señalamientos corresponden a la tesis de la acusación y deberán ser probados en juicio.

Imputación y decisión judicial

El caso fue asumido por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Seccional Cundinamarca, que en audiencias preliminares legalizó las capturas e imputó a los cuatro hombres el delito de reclutamiento ilícito. Los procesados no aceptaron los cargos.

La imputación es el acto mediante el cual la Fiscalía comunica formalmente a una persona que es investigada por un delito; no equivale a una condena. Por su parte, la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario es una decisión provisional que un juez adopta mientras avanza el proceso, por ejemplo, cuando considera que el procesado podría representar un peligro para la comunidad o para las víctimas, o que podría no comparecer al juicio.

Con esa determinación, los cuatro hombres permanecerán privados de la libertad mientras continúa la investigación. Al no haber aceptado cargos, el proceso seguirá su curso hacia la etapa de acusación y, eventualmente, al juicio oral, donde se definirá su responsabilidad. Hasta que exista una sentencia en firme, se presume su inocencia.

Un delito que afecta a la niñez en zonas de conflicto

El reclutamiento ilícito está tipificado en el artículo 162 del Código Penal colombiano y castiga a quien, con ocasión del conflicto armado, reclute a menores de 18 años o los obligue a participar directa o indirectamente en las hostilidades o en acciones armadas. Se trata de una de las conductas más graves contra los derechos de niños, niñas y adolescentes, y las autoridades han advertido de forma reiterada sobre su aumento en regiones como el suroccidente del país.

El caso de Soacha muestra, además, que las redes de reclutamiento utilizan corredores que atraviesan el centro del país, incluidos municipios cercanos a la capital, para mover a los menores entre regiones donde operan grupos armados ilegales.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cómo fueron contactados los adolescentes ni si hay más personas vinculadas a la investigación.