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Procuraduría llevó a juicio disciplinario al alcalde de Zarzal por encargar a un comisario de Familia que no cumplía los requisitos

La Procuraduría formuló pliego de cargos contra el alcalde de Zarzal, Alexander Gómez Salazar, por el presunto nombramiento irregular de un comisario de Familia que no cumplía con los requisitos de posgrado exigidos por la ley.

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Redacción IFM
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Procuraduría lleva a juicio disciplinario al alcalde de Zarzal por encargar a un comisario de Familia que no cumplía los requisitos
Foto: Procuraduría.

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Alexander Gómez Salazar, alcalde de Zarzal, Valle del Cauca, y contra Jhon Jairo Castro Sierra, quien fue designado como comisario de Familia encargado sin presuntamente cumplir con los requisitos legales exigidos para el cargo.

El Ministerio Público investiga una presunta falta grave cometida a título de dolo, relacionada con el incumplimiento de la Ley 2126 de 2021, la cual establece condiciones estrictas para quienes asuman estas funciones de protección ciudadana.

Los hechos que hoy tienen al mandatario local bajo la lupa del órgano de control se remontan al inicio de su gestión. Según la Procuraduría, el 4 de marzo de 2024, apenas dos meses después de haber asumido el cargo como alcalde de Zarzal, Gómez Salazar expidió un decreto oficial, mediante este acto administrativo, se adelantó la posesión de Jhon Jairo Castro Sierra como comisario de Familia encargado del municipio del norte del Valle.

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Sin embargo, tras la revisión de la hoja de vida y los soportes documentales, el órgano de control sostuvo que Castro Sierra no presentó ningún título de posgrado en las áreas previstas para el desempeño del cargo. Este punto es fundamental, pues la normativa vigente busca que quienes lideren estas oficinas cuenten con una formación especializada dada la sensibilidad de los casos que manejan.

La Ley 2126 de 2021, que reorganizó las comisarías de Familia en todo el territorio nacional, es clara en sus exigencias. La norma dicta que quien ocupe ese empleo debe ser abogado titulado, contar con un posgrado en áreas directamente relacionadas con sus funciones, como el derecho de familia y, adicionalmente, acreditar experiencia profesional específica.

Por esta razón, el pliego de cargos no solo afecta al alcalde como nominador, sino que también cobija al propio Castro Sierra, quien habría aceptado el encargo a pesar de conocer, presuntamente, que no cumplía con las condiciones legales requeridas.

Una falta grave calificada a título de dolo

La Procuraduría General de la Nación ha calificado la conducta de ambos implicados, de forma provisional, como una falta grave cometida a título de dolo, en el marco del derecho disciplinario, la calificación de dolo es significativa: implica que el servidor público habría actuado con pleno conocimiento de la irregularidad que estaba cometiendo y con la voluntad manifiesta de realizarla. Esto diferencia la conducta de la culpa, la cual suele estar relacionada con el descuido, la negligencia o la impericia.

Según el ente de control, con la designación de un funcionario que no cumplía el perfil legal, se habrían desconocido principios fundamentales de la administración pública, tales como la moralidad, la eficacia y la eficiencia. Para la Procuraduría, el respeto por los requisitos de acceso a la función pública es una garantía de que el Estado prestará sus servicios de manera idónea a la ciudadanía.

Tras la notificación formal del pliego de cargos, se abre una nueva etapa procesal. El alcalde Alexander Gómez Salazar y el funcionario Jhon Jairo Castro Sierra tendrán la oportunidad de presentar sus descargos, solicitar la práctica de pruebas, aportar los documentos que consideren pertinentes y controvertir las pruebas que ya obran en el expediente de la Procuraduría. Una vez se agote esta fase de instrucción y juzgamiento, el órgano de control deberá decidir si los declara responsables disciplinariamente o si, por el contrario, los absuelve de los cargos.

En el escenario de una eventual sanción por falta grave dolosa, la legislación contempla sanciones que incluyen la suspensión en el ejercicio del cargo y una inhabilidad especial para desempeñar funciones públicas en el futuro. No obstante, es importante señalar que, al tratarse de un servidor de elección popular como lo es el alcalde, existen garantías adicionales. La Corte Constitucional, mediante la sentencia C-030 de 2023, estableció que las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad contra estos funcionarios solo pueden quedar en firme tras la revisión y decisión de un juez de lo contencioso administrativo.

Por lo pronto, mientras el proceso avanza en sus distintas etapas, Gómez Salazar continúa ejerciendo sus funciones como mandatario de los zarzaleños. Tanto él como Castro Sierra gozan de la presunción de inocencia hasta que se produzca una decisión en firme que determine lo contrario. Hasta el momento de esta publicación, no se ha conocido un pronunciamiento público oficial por parte de los implicados respecto a la determinación del Ministerio Público.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Por qué la Procuraduría formuló cargos contra el alcalde de Zarzal?

Alexander Gómez Salazar es investigado por nombrar presuntamente de forma irregular a Jhon Jairo Castro Sierra como comisario de Familia encargado, sin que este cumpliera con los requisitos de posgrado exigidos por la ley.

¿Qué requisitos legales se habrían incumplido en este nombramiento?

Según la Ley 2126 de 2021, quien ocupe este cargo debe ser abogado titulado con un posgrado en áreas relacionadas, como derecho de familia, requisito que el funcionario designado no acreditó en su hoja de vida.

¿A qué sanciones se enfrentan los implicados en este proceso?

Al ser calificada provisionalmente como una falta grave a título de dolo, los involucrados podrían enfrentar la suspensión del cargo y una inhabilidad especial para ejercer funciones públicas en el futuro.

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