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Irregularidades en cobros de inmovilización por más de 966 millones de pesos en Bogotá

La Contraloría de Bogotá detectó que 1.678 ciudadanos declarados no infractores pagaron más de $966 millones por servicios de grúas y patios, evidenciando fallas en los procedimientos de la Secretaría de Movilidad.

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Redacción IFM
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Irregularidades en cobros de inmovilización por más de 966 millones de pesos en Bogotá
Imagen: IFMERAImagen procesada con IA

La Contraloría de Bogotá reveló los resultados de una auditoría realizada a la Secretaría Distrital de Movilidad, en la cual se identificaron graves inconsistencias en el manejo de los procesos contravencionales y los cobros asociados a la inmovilización de vehículos. De acuerdo con la información conocida este 15 de noviembre de 2026, el ente de control fiscal estableció que un total de 1.678 ciudadanos, quienes fueron declarados oficialmente como no infractores tras surtir los procesos legales correspondientes, terminaron pagando una suma conjunta superior a los $966 millones por conceptos de servicios de grúa y permanencia en patios.

Hallazgos administrativos y disciplinarios

El informe de la Contraloría detalla dos hallazgos administrativos con posible alcance disciplinario que ponen en entredicho la eficiencia de los procedimientos de tránsito en la capital. El primero de ellos se centra en los 1.678 conductores mencionados, quienes a pesar de haber demostrado su inocencia o haber sido exonerados de la falta imputada, debieron asumir los costos operativos de la inmovilización de sus automotores sin que existiera una causa jurídica válida que lo sustentara finalmente.

El segundo hallazgo relevante se refiere a 503 comparendos que fueron exonerados debido a que los procedimientos realizados por los agentes de tránsito presentaron deficiencias técnicas o legales. En la práctica, estas sanciones no lograron sostenerse ante la revisión de la autoridad de tránsito competente, lo que evidencia fallas estructurales en la etapa de imposición de las multas en vía. Estos errores procedimentales no solo afectan la confianza ciudadana en las instituciones, sino que generan una carga administrativa innecesaria para el Distrito.

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Es importante precisar que un hallazgo administrativo con posible alcance disciplinario es una observación técnica de auditoría. Esta señala una presunta irregularidad en la gestión de una entidad pública que, por su naturaleza y gravedad, debe ser trasladada a las autoridades disciplinarias. Serán estas instancias las encargadas de determinar si algún servidor público incurrió en el incumplimiento de sus deberes funcionales. Por tanto, este reporte no constituye por sí mismo una sanción inmediata, sino un paso previo fundamental para la transparencia en el ejercicio del poder público.

Postura de la Secretaría Distrital de Movilidad

Ante los cuestionamientos y tras un requerimiento de información realizado por el concejal Julián Forero, la Secretaría Distrital de Movilidad entregó detalles sobre su gestión financiera y jurídica. La entidad aseguró que, entre los años 2024 y 2026, no realizó pagos relacionados con daño emergente o lucro cesante derivados de procesos contravencionales. Según la explicación de la dependencia, este tipo de reclamaciones indemnizatorias deben tramitarse obligatoriamente ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

No obstante, la Secretaría aclaró que la devolución por vía administrativa sí es posible, pero se limita estrictamente a los valores pagados por los ciudadanos en concepto de grúa y patios. Este trámite de devolución, codificado internamente como el procedimiento CF-PR-02, se gestiona de manera conjunta con el concesionario GyP Bogotá S.A.S., la interventoría del contrato y una entidad fiduciaria. Un punto crítico señalado en el reporte es que dicho procedimiento no se encuentra publicado de manera visible en la página web oficial de la Secretaría, lo que dificulta el acceso de los afectados a su derecho de reintegro.

Asimismo, la entidad informó que todavía existen 24 ciudadanos exonerados que presentan saldos pendientes de cobro por más de $16 millones por estos mismos conceptos. Por otro lado, la Oficina de Control Disciplinario Interno de la Secretaría de Movilidad manifestó que no registra investigaciones en etapa de instrucción relacionadas con esta tipología específica de conductas durante las vigencias consultadas.

Debate en el Concejo de Bogotá

El concejal Julián Forero, quien ha liderado diversas denuncias sobre la gestión de la movilidad en la ciudad, manifestó su preocupación por el impacto económico que estos errores generan en los ciudadanos. Forero sostuvo que los procedimientos deficientes de algunos agentes de tránsito terminan afectando directamente el bolsillo de los conductores, sin que hasta el momento se hayan establecido responsabilidades claras al interior de la institución.

En el marco de sus funciones de control político, el cabildante solicitó que los organismos de control actúen con celeridad para determinar si existen faltas disciplinarias recurrentes. Además, anunció que requerirá información detallada a la Personería de Bogotá y a la propia Secretaría de Movilidad sobre el número exacto de funcionarios investigados o sancionados, el monto total de los recursos efectivamente reintegrados a los ciudadanos y las medidas preventivas adoptadas para evitar que estas situaciones se repitan en el futuro.

Contexto de las sanciones sin soporte jurídico

Esta controversia se suma a los hechos ocurridos durante la jornada del 29 de octubre de 2026. En esa fecha, la Alcaldía de Bogotá reconoció la imposición de 567 comparendos antes de que el Decreto 472 de 2026 entrara en vigencia legal. Aunque el acto administrativo fue expedido el 27 de octubre, su publicación oficial en el Registro Distrital se postergó hasta el 30 de octubre debido a una falla técnica en el aplicativo correspondiente.

Esta demora en la publicación dejó a las sanciones impuestas en ese intervalo sin el soporte jurídico necesario para su validez. Ante este escenario, el concejal Forero pidió precisiones sobre cuántos vehículos fueron inmovilizados durante ese día específico, cuántas de esas sanciones fueron dadas de baja y cuál es la cuantía total de dinero que la administración distrital deberá devolver a los ciudadanos afectados por este error administrativo.

Acciones futuras y derechos ciudadanos

Tras la notificación de los hallazgos por parte de la Contraloría de Bogotá, el paso a seguir consiste en el traslado de los expedientes a las instancias disciplinarias competentes. Estas oficinas decidirán si existen méritos suficientes para abrir indagaciones formales contra los servidores públicos involucrados en los procedimientos fallidos.

Para los ciudadanos que se encuentren en la situación de haber sido exonerados tras un proceso contravencional pero que realizaron pagos por grúa y patios, la normativa vigente les permite solicitar la devolución de dichos valores. Este proceso debe iniciarse mediante una reclamación formal por la vía administrativa ante la Secretaría Distrital de Movilidad, aportando la resolución de exoneración y los comprobantes de pago respectivos para hacer efectivo el reintegro de los recursos que fueron cobrados sin una causa legal definitiva.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué irregularidades detectó la Contraloría de Bogotá en la Secretaría de Movilidad?

Se identificó que 1.678 ciudadanos pagaron más de $966 millones por grúas y patios a pesar de haber sido declarados no infractores. Además, se hallaron 503 comparendos exonerados debido a deficiencias técnicas o legales en los procedimientos de los agentes.

¿Cómo pueden los ciudadanos afectados reclamar la devolución de su dinero?

La Secretaría de Movilidad permite la devolución de los valores pagados por grúa y patios mediante el procedimiento administrativo CF-PR-02. Sin embargo, el ente de control señaló que este trámite no es visible en la página web oficial, dificultando el acceso al reintegro.

¿Qué consecuencias legales tienen estos hallazgos para los funcionarios?

La Contraloría estableció hallazgos con alcance disciplinario que serán trasladados a las autoridades competentes para determinar si hubo incumplimiento de deberes. Por ahora, la Oficina de Control Disciplinario Interno no registra investigaciones activas por estas conductas específicas.

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