Procuraduría General de la Nación investiga a Armando Benedetti por llamar “loca, demente y delincuente” a magistrada
La Sala Disciplinaria de Instrucción inició una indagación previa contra el ministro del Interior, Armando Benedetti, tras sus polémicas declaraciones contra la magistrada Cristina Lombana. El caso se fundamenta en pronunciamientos públicos del funcionario en los que lanzó fuertes acusaciones y descalificaciones.
La Procuraduría General de la Nación, a través de su Sala Disciplinaria de Instrucción, abrió una investigación disciplinaria contra el actual ministro del Interior, Armando Benedetti, en relación con una serie de declaraciones públicas en las que cuestionó duramente a la magistrada Cristina Lombana.
De acuerdo con el documento fechado el 18 de marzo de 2026 y firmado por el procurador ponente Jorge Enrique Sanjuán Gálvez, “procede el despacho a evaluar la indagación previa de la referencia”, en un proceso que tiene como base información publicada por la revista Revista Semana.
El expediente señala que “la revista Semana, en su página web, publicó la siguiente información: ‘Armando Benedetti confirma allanamiento a su residencia y critica a la magistrada Cristina Lombana: ‘Loca, demente’””, lo que dio origen a la revisión disciplinaria por parte del Ministerio Público.
Según el documento, el propio Benedetti confirmó los hechos y sostuvo una serie de señalamientos contra la magistrada. “El ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó este martes, 11 de noviembre, que la Corte Suprema de Justicia adelanta una inspección a su residencia por orden de la magistrada Cristina Lombana, a quien calificó de ‘loca, demente y delincuente’”, recoge el expediente.
Las declaraciones del alto funcionario no se limitaron a cuestionamientos personales. En el mismo pronunciamiento, Benedetti aseguró que la magistrada tendría un interés particular en vincularlo a procesos judiciales. “La Corte Suprema solo investiga a los congresistas, hace más de tres años que no lo soy, luego no podría investigarme por hechos de 2023, 2024 y 2025. Ha sido recusada dos veces”, afirmó.
El caso adquiere mayor relevancia por el contexto institucional en el que se produce. La investigación disciplinaria busca determinar si las expresiones del ministro podrían constituir faltas relacionadas con el respeto a la justicia y el adecuado comportamiento de los servidores públicos frente a otras autoridades del Estado.
En el documento, también se incluyen apartes adicionales de las declaraciones del ministro, en las que intensifica sus críticas. Benedetti manifestó: “¿Qué encontró o qué va a encontrar? Nada. Mi casa es de puertas abiertas y siempre he puesto la cara ante la justicia (…) Ella no quiere confirmar algo, sino juzgarme con conjeturas”.
Asimismo, el funcionario fue más allá al señalar presuntas irregularidades en las actuaciones judiciales. “Mandó a investigar financieramente, sin tener las facultades para hacerlo, a 50 familiares míos (…) Van más de 200 testigos, siete años de acoso judicial con diferentes procesos, filtrando todos mis procesos a los medios de comunicación”, sostuvo.
El expediente también menciona que, a través de sus redes sociales, el ministro planteó la posibilidad de acudir a instancias internacionales. En particular, indicó que acudiría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos “porque nadie detiene a ese monstruo”.
La apertura de esta indagación no implica una sanción inmediata, sino que corresponde a una fase preliminar en la que la Procuraduría evaluará la pertinencia de avanzar hacia una investigación formal y determinar si existen méritos suficientes para formular cargos.
Este caso se suma a las tensiones recurrentes entre miembros del Gobierno nacional y altas cortes, en un escenario donde las declaraciones públicas de altos funcionarios han generado controversias sobre los límites del discurso político y el respeto institucional.
Analistas consultados señalan que el proceso podría tener implicaciones tanto jurídicas como políticas, dado el cargo que ocupa Benedetti dentro del gabinete y la sensibilidad de sus afirmaciones frente a la independencia judicial.
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