Procuraduría destituyó e inhabilitó por 12 años a un instructor del SENA en Bogotá por acoso sexual a dos aprendices
La Procuraduría General de la Nación sancionó con destitución e inhabilidad de 12 años a Andrés Eduardo Quintana Arias, instructor del SENA, por hostigamiento sexual a dos aprendices en 2022.
La Procuraduría General de la Nación emitió un fallo de primera instancia mediante el cual sancionó con destitución e inhabilidad general por un periodo de 12 años a Andrés Eduardo Quintana Arias. El sancionado se desempeñaba como instructor en el Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), en la ciudad de Bogotá. La decisión se fundamenta en la responsabilidad hallada frente a conductas de hostigamiento verbal y físico con fines sexuales cometidas contra dos aprendices de la institución.
De acuerdo con el boletín oficial emitido por el órgano de control, los hechos que motivaron la sanción ocurrieron durante el año 2022. En ese periodo, el instructor Quintana Arias sometió a dos jóvenes aprendices a actos de hostigamiento que incluyeron componentes verbales y físicos con connotaciones sexuales. Según las investigaciones adelantadas por la entidad, estas situaciones no fueron eventos aislados, sino que se habrían repetido en distintas ocasiones y en diversos lugares dentro del entorno institucional.
En cumplimiento de los protocolos de protección a las víctimas de violencia sexual, la Procuraduría General de la Nación no reveló detalles específicos sobre las circunstancias concretas de los encuentros ni la identidad de las mujeres afectadas. Esta reserva es una práctica habitual en los procesos disciplinarios que involucran este tipo de conductas, con el fin de evitar la revictimización y garantizar el derecho a la intimidad de quienes sufrieron el acoso.
Únete al canal de WhatsApp de IFMNOTICIAS para estar informado de manera oportuna y con detalle. IFMNOTICIAS · Información de VerdadUnirmeEl órgano de control calificó la conducta del instructor como una falta gravísima cometida con dolo. Dentro del lenguaje técnico del derecho disciplinario en Colombia, esta calificación implica que la infracción se sitúa en la categoría más severa que puede cometer un servidor público en el ejercicio de sus funciones. La determinación del dolo establece que el investigado actuó con pleno conocimiento de la ilicitud de su comportamiento y con la voluntad de realizarlo, descartando que los hechos hubieran ocurrido por un descuido, negligencia o imprudencia.
El régimen disciplinario colombiano se encuentra regulado actualmente por el Código General Disciplinario, contenido en la Ley 1952 de 2019 y modificado posteriormente por la Ley 2094 de 2021. Bajo este marco normativo, las faltas calificadas como gravísimas y cometidas a título de dolo conllevan sanciones de alta severidad, específicamente la destitución del cargo y una inhabilidad general que puede oscilar entre los 10 y los 20 años.
La sanción de destitución implica la terminación inmediata del vínculo laboral o la relación del funcionario con la entidad pública, en este caso, el SENA. Por su parte, la inhabilidad general impuesta por la Procuraduría tiene un alcance amplio: durante el tiempo fijado en la sentencia, el sancionado queda impedido para ocupar cualquier cargo público, celebrar contratos con el Estado o ejercer funciones públicas de cualquier índole. En el caso particular de Andrés Eduardo Quintana Arias, la entidad fijó la duración de esta inhabilidad en 12 años, una cifra que se sitúa en la parte inferior del rango permitido por la ley para este tipo de faltas.
Es importante precisar que la decisión proferida contra el instructor del Centro Nacional de Hotelería, Turismo y Alimentos es un fallo de primera instancia. Esto significa que, conforme al debido proceso y a los recursos previstos en la legislación colombiana, la defensa de Quintana Arias tiene la facultad de presentar los recursos de ley correspondientes para controvertir la decisión.
En caso de ser apelada, una segunda instancia dentro de la misma Procuraduría General de la Nación será la encargada de revisar el expediente. Esta instancia superior tendrá la potestad de confirmar la sanción en todos sus puntos, modificarla (ya sea en la calificación de la falta o en el tiempo de la inhabilidad) o revocarla si considera que no existen pruebas suficientes. Mientras no se produzca una decisión definitiva que resuelva los recursos, la responsabilidad disciplinaria del instructor no se encuentra en firme y se mantiene la presunción de legalidad de sus actuaciones hasta que el fallo sea ejecutoriado.
Este fallo no representa un hecho aislado dentro de la regional Bogotá del SENA durante el presente año. El 24 de agosto de 2026, la Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia otra sanción similar. En esa ocasión, se ratificó la destitución e inhabilidad general por 18 años de Julio Enrique Ortiz Angulo, quien se desempeñaba como instructor físico en la misma regional.
En el proceso contra Ortiz Angulo, se determinó que fue responsable de acosar sexualmente a instructoras y aprendices entre los meses de julio y agosto de 2019. Al igual que en el caso de Quintana Arias, la falta de Ortiz fue calificada como gravísima y dolosa, aunque la sanción de inhabilidad fue superior, alcanzando los 18 años. Estos fallos consecutivos evidencian una línea de acción por parte del Ministerio Público frente a conductas que vulneran la integridad sexual en los entornos de formación estatal.
Las decisiones emitidas por la Procuraduría reflejan que el organismo ha incluido el acoso sexual en entornos educativos y laborales del Estado como una de sus prioridades en materia disciplinaria. La entidad ha enfatizado que en estos espacios existe una relación de autoridad y subordinación entre instructores y aprendices, lo cual sitúa a las víctimas en una posición de especial vulnerabilidad que debe ser protegida por el Estado.
El Ministerio Público recordó a la ciudadanía que cualquier persona que sea víctima o testigo de actos de acoso sexual por parte de un servidor público tiene el derecho y el deber de denunciar. Para ello, están habilitados los canales presenciales y virtuales de la Procuraduría General de la Nación, así como las oficinas de control interno disciplinario de cada entidad pública. Adicionalmente, si la conducta puede constituir un delito, como el acoso sexual tipificado en el artículo 210A del Código Penal colombiano, la denuncia debe ser presentada ante la Fiscalía General de la Nación para el inicio de la acción penal correspondiente.
Preguntas y respuestas de contexto
¿Quién es el funcionario sancionado y por qué?
Se trata de Andrés Eduardo Quintana Arias, instructor del SENA en Bogotá, hallado responsable de hostigamiento verbal y físico con fines sexuales contra dos aprendices en 2022.
¿En qué consiste la sanción impuesta por la Procuraduría?
El ente de control ordenó su destitución inmediata e inhabilidad general por 12 años, lo que le impide ejercer cargos públicos o contratar con el Estado durante ese periodo.
¿Qué calificación recibió la conducta del instructor?
La falta fue calificada como gravísima a título de dolo, lo que significa que el implicado actuó con pleno conocimiento de la ilicitud de sus actos y voluntad de cometerlos.
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