Caso UNGRD: Corte Suprema negó la libertad por vencimiento de términos a Wadith Manzur y Karen Manrique
La Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia rechazó las solicitudes de libertad provisional presentadas por las defensas de Wadith Manzur y Karen Manrique, procesados por el presunto entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Para el alto tribunal, aún no ha vencido el plazo legal para instalar la audiencia pública de juzgamiento.
El proceso se tramita bajo la Ley 600 de 2000, el antiguo sistema penal que sigue rigiendo para los aforados del Congreso. Esa norma contempla la libertad provisional cuando pasan más de seis meses desde que queda en firme la resolución de acusación el acto con el que se formalizan los cargos y se envía el caso a juicio sin que se haya instalado la audiencia pública.
Los abogados sostuvieron que la acusación quedó ejecutoriada, es decir, en firme, el 12 de mayo de 2026, cuando venció el plazo para recurrir el auto que la confirmó. Con ese cálculo, argumentaron, el término de seis meses ya se había superado.
La Sala no compartió esa cuenta. Explicó que, durante el término de ejecutoria, se presentó un recurso de reposición contra la parte del auto que negó cambiar la detención en centro carcelario de Karen Manrique por detención domiciliaria. Ese recurso se resolvió el 26 de mayo, de modo que la providencia solo quedó en firme en esa fecha.
Únete al canal de WhatsApp de IFMNOTICIAS para estar informado de manera oportuna y con detalle. IFMNOTICIAS · Información de VerdadUnirmeAdemás, el tribunal precisó que en este expediente no caben ejecutorias parciales, porque la decisión cobija a todos los procesados. Por esa razón, al momento de estudiar las solicitudes no se había cumplido el término base de seis meses, y la Corte consideró innecesario examinar las causales que, según la ley, podrían excluir el beneficio.
La Sala añadió un segundo elemento: ordenó recibir el testimonio de Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), quien se encuentra en Nicaragua. De acuerdo con lo reseñado por la prensa, esa práctica probatoria permite ampliar el plazo hasta por seis meses más, por lo que la fecha límite para instalar la audiencia pública se extendería hasta el 26 de mayo de 2027.
Manzur y Manrique hacen parte de un grupo de seis congresistas llamados a juicio por la Corte Suprema, junto con Liliana Bitar, Julián Peinado, Juan Pablo Gallo y Juan Diego Muñoz. Según todos fueron elegidos en los comicios del 8 de marzo para el nuevo Congreso, pero no han podido asumir sus curules.
La hipótesis de la investigación es que, en 2023, miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público habrían recibido ofrecimientos de contratos de la UNGRD a cambio de respaldar operaciones de endeudamiento externo de la Nación promovidas por el Ministerio de Hacienda. Se trata de cargos formulados en la acusación que deberán probarse en juicio.
De acuerdo con información los proyectos señalados son tres: uno en Cotorra (Córdoba), por 46.748 millones de pesos, vinculado a Manzur, Bitar y Peinado; otro en Saravena (Arauca), por 34.187 millones, relacionado con Manrique y Muñoz, y un tercero en El Carmen de Bolívar, por 11.695 millones, asociado a Gallo.
Con esta decisión, el foco se traslada a la programación de la audiencia pública de juzgamiento y a la práctica del testimonio de Carlos Ramón González, una diligencia que depende de la cooperación desde el exterior. Mientras tanto, los seis procesados permanecen vinculados a uno de los capítulos judiciales más sensibles del escándalo de la UNGRD, que también tiene frentes abiertos ante la Fiscalía y otros despachos judiciales.
Preguntas y respuestas de contexto
¿Por qué la Corte Suprema negó la libertad a Wadith Manzur y Karen Manrique?
El alto tribunal determinó que aún no se han cumplido los seis meses legales desde que la acusación quedó en firme para otorgar la libertad por vencimiento de términos. Según la Corte, el plazo empezó a contar el 26 de mayo de 2026 y no antes, debido a recursos legales que estaban pendientes.
¿De qué se les acusa a los congresistas en el caso de la UNGRD?
Se les investiga por presuntamente recibir ofrecimientos de contratos de la entidad a cambio de respaldar operaciones de endeudamiento externo de la Nación en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público. Los proyectos cuestionados se ubican en Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y El Carmen de Bolívar.
¿Qué factor podría extender aún más el tiempo para iniciar el juicio?
La Corte ordenó recibir el testimonio de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre, quien se encuentra en Nicaragua. Esta práctica probatoria permite ampliar el plazo para instalar la audiencia pública hasta por seis meses adicionales, extendiendo la fecha límite hasta mayo de 2027.
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