Procuraduría dejó en firme destitución e inhabilidad contra Olmedo López y Sneyder Pinilla por escándalo UNGRD

La Procuraduría General de la Nación confirmó en segunda instancia las sanciones disciplinarias impuestas a los exfuncionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) Olmedo López y Sneyder Pinilla, dentro del proceso por irregularidades en la compra de 40 carrotanques destinados al abastecimiento de agua potable en La Guajira.

Según lo dispuesto por la Sala Disciplinaria Ordinaria de Juzgamiento, López, exdirector de la entidad, fue destituido e inhabilitado por 18 años, mientras que Pinilla, exsubdirector de Manejo de Desastres, recibió una sanción de destitución e inhabilidad por 20 años.

La Procuraduría determinó que ambos participaron directamente en la estructuración y ejecución del contrato que resultó en un detrimento patrimonial superior a los 16.000 millones de pesos.

El órgano de control concluyó que el proceso de contratación presentó un sobreprecio superior al 54%, lo que equivale a un pago de más de $412 millones de pesos por cada vehículo, cifra que superaba ampliamente el valor real de mercado. La decisión señala que López firmó la ratificación de la orden de proveeduría presentada por Pinilla, lo cual permitió que la fiduciaria La Previsora efectuara los desembolsos al contratista, a pesar de las alertas sobre inconsistencias y costos elevados.

En cuanto a Pinilla, la Procuraduría estableció que, además de estructurar el negocio, dio aval al pago del contrato teniendo conocimiento de que las cotizaciones presentadas superaban el valor comercial. También certificó falsamente la entrega satisfactoria de los vehículos, aunque no se cumplió el propósito del contrato, el cual era atender la emergencia humanitaria declarada en La Guajira mediante el Decreto 2113 de 2022.

Además de López y Pinilla, el fallo también afectó al exsubdirector general de la UNGRD Víctor Andrés Meza Galván, quien fue sancionado con destitución e inhabilidad por 10 años.

La Procuraduría le atribuyó responsabilidad en la firma de la misma orden de proveeduría que dio lugar a los pagos, calificando su conducta como falta gravísima cometida con culpa gravísima, por no haber atendido obligaciones básicas de su cargo.

El fallo, que ya no admite recursos, concluyó que los tres exfuncionarios infringieron principios fundamentales del ejercicio público, entre ellos la moralidad, la economía y la eficacia, y determinó que sus acciones generaron un perjuicio económico al Estado.