Procuraduría abrió indagación contra exfuncionarios del Gobierno por audios sobre acercamientos con el Clan del Golfo

La actuación disciplinaria busca establecer si existieron actuaciones que excedieran las funciones de los entonces servidores públicos y ordenó la práctica de varias pruebas para esclarecer los hechos, en medio de las investigaciones derivadas de las recientes revelaciones periodísticas sobre los acercamientos entre el Gobierno y el Clan del Golfo. La Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General abrió de oficio una indagación previa contra:

• El exministro de Defensa, Iván Velásquez

• El exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda

• El exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Jorge Lemus

• El exjefe de contrainteligencia de esa entidad, Ricardo Rey Rosanía

La decisión del organismo de control se produjo después de la divulgación de una serie de audios en los que, presuntamente, se abordaban asuntos relacionados con la suspensión de operaciones militares, la inteligencia de la Fuerza Pública y las condiciones para avanzar en conversaciones con esa estructura armada dentro de la política de paz total impulsada por el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

De acuerdo con el material conocido públicamente, una de las conversaciones habría ocurrido el 2 de septiembre de 2022 entre Danilo Rueda y Luis Armando Pérez, conocido con el alias de "Jerónimo", integrante del Clan del Golfo. En esos registros se hace referencia al cese de bombardeos y a una eventual reorganización de áreas de inteligencia de la Policía, así como a la posibilidad de reducir la intensidad de las operaciones militares mientras avanzaban los contactos exploratorios.

La Procuraduría también incluyó dentro de la indagación las reuniones sostenidas por funcionarios de la Dirección Nacional de Inteligencia con alias "Boyaco Sinaloa", en las que, según las revelaciones periodísticas, se habría buscado respaldo político en el Congreso para promover una nueva ley de sometimiento destinada a integrantes de esa organización ilegal.

Con la apertura de la actuación disciplinaria, el ente de control ordenó la práctica de diferentes pruebas para verificar la información conocida hasta el momento. Entre ellas solicitó al Ministerio de Defensa un informe ejecutivo sobre los bombardeos realizados contra el Clan del Golfo durante el desarrollo de la política de paz total, así como la remisión de información relacionada con las operaciones adelantadas contra esa estructura.

De igual manera, la Consejería para la Paz tendrá que remitir la documentación correspondiente a los acuerdos y acercamientos desarrollados durante las negociaciones con esa organización armada. La Procuraduría también requirió a la Dirección Nacional de Inteligencia informes relacionados con misiones de trabajo mencionadas en las investigaciones periodísticas y dispuso la recopilación de las declaraciones públicas emitidas por los exfuncionarios vinculados al proceso.

Como parte de las pruebas decretadas, el organismo de control citó a rendir declaración juramentada al general en retiro Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional, quien recientemente aseguró en entrevistas radiales que durante su administración recibió instrucciones relacionadas con cambios en oficiales que ocupaban cargos estratégicos dentro de la institución y manifestó tener conocimiento de hechos asociados a las revelaciones conocidas en los últimos días.

Tras conocerse el contenido de los audios, Iván Velásquez sostuvo que las decisiones relacionadas con la renovación de los altos mandos de la Fuerza Pública obedecieron a evaluaciones institucionales y negó haber autorizado acuerdos que limitaran la acción operacional de las autoridades. Por su parte, Danilo Rueda manifestó que las expresiones contenidas en las conversaciones hacían parte de una etapa exploratoria de la política de paz total y señaló que sus referencias buscaban abrir espacios para el diálogo dentro de ese proceso.

Petro también se pronunció sobre la controversia y aseguró que durante su administración no impartió instrucciones para detener operaciones militares contra organizaciones armadas ilegales. Indicó que actualmente no existe ningún cese al fuego vigente con esas estructuras y afirmó que las operaciones ofensivas contra el Clan del Golfo se han mantenido, mientras los eventuales diálogos se han desarrollado bajo los mecanismos previstos en la legislación vigente.

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