Operativo de extinción de dominio impacta a más de 300 tiendas de Lili Pink en el país. La empresa se pronunció
La Fiscalía General de la Nación, a través de su Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), ha ejecutado un contundente operativo de extinción de dominio que ha afectado a más de 300 tiendas de la reconocida marca Lili Pink en diversas ciudades de Colombia.
Esta acción se enmarca dentro de una exhaustiva investigación por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y contrabando, y y también se están adelantando capturas relacionadas con esta red.
Los procedimientos, que se desarrollan a nivel nacional, incluyen la ocupación de centenares de establecimientos comerciales, inmuebles y vehículos que, según la información preliminar, pertenecerían a la misma sociedad investigada. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) será la entidad encargada de recibir y administrar los bienes incautados, los cuales quedan a disposición judicial mientras avanza el proceso. Este operativo subraya el compromiso de las autoridades colombianas en la lucha contra las estructuras criminales que utilizan el comercio formal para sus actividades ilícitas.

Lili Pink, una cadena de tiendas con una notable presencia en todo el país, se ha consolidado como un referente en la venta de ropa, lencería, bisutería y moda femenina, logrando una alta penetración y reconocimiento entre la población colombiana. Su modelo de negocio y expansión la habían posicionado como una marca de gran impacto en el sector textil y de la moda.
El pronunciamiento de la Dirección Ejecutiva de Fastmoda
Ante la magnitud de los hechos, la Dirección Ejecutiva de Fastmoda, grupo al que pertenecen Lili Pink, Yoi y Lilio Beauty, emitió un comunicado dirigido a los medios de comunicación y a la opinión pública. En este, la compañía reconoce que actualmente atiende un proceso administrativo ante entidades legales y regulatorias, el cual está siendo gestionado de manera directa y responsable por su equipo interno.
El comunicado detalla que, como parte de este proceso, se han adelantado algunas actuaciones formales por parte de las autoridades competentes. La empresa asegura estar trabajando de manera coordinada con sus asesores legales y las entidades correspondientes, con el fin de asegurar el adecuado manejo de la situación dentro del marco legal vigente. Este enfoque busca garantizar la transparencia y el cumplimiento de las normativas durante el desarrollo de la investigación.
En un llamado directo a las autoridades competentes, específicamente a la Fiscalía General de la Nación y a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Dirección Ejecutiva de Fastmoda instó a proteger la marca colombiana. Resaltó que Lili Pink, a lo largo de más de 20 años, se ha consolidado como referente nacional e internacional, generando miles de empleos directos e indirectos. La compañía enfatizó la importancia de salvaguardar este legado y garantizar la estabilidad laboral de sus colaboradores, mientras avanza con responsabilidad en las instancias legales necesarias para recuperar el manejo de sus operaciones.
Compromiso y futuro de la marca
La Dirección Ejecutiva de Fastmoda reiteró su compromiso inquebrantable con todos sus colaboradores, clientes y aliados estratégicos, agradeciendo la confianza y el acompañamiento recibido en estos momentos. Asimismo, aseguró que cualquier información relevante será comunicada oportunamente a través de sus canales oficiales, manteniendo así un canal abierto y transparente con la opinión pública y sus diferentes grupos de interés. La situación actual representa un desafío significativo para la marca, que ahora deberá navegar el proceso judicial mientras busca proteger su operación y el bienestar de sus empleados.
En este contexto, las autoridades continuarán los procesos legales pertinentes con el rigor y la exhaustividad que caracterizan estas investigaciones. La Fiscalía General de la Nación, en su rol de ente acusador, proseguirá con la recolección de pruebas y la judicialización de los presuntos responsables, mientras que la Sociedad de Activos Especiales (SAE) mantendrá la administración de los bienes incautados, garantizando su correcta gestión y preservación. Este proceso puede extenderse por un tiempo considerable, implicando diversas etapas como audiencias, apelaciones y posibles sentencias, lo que subraya la complejidad de los delitos investigados. La resolución final de este caso no solo determinará el futuro de los bienes y las personas involucradas, sino que también sentará un precedente importante en la lucha contra el lavado de activos y el contrabando en el sector comercial colombiano, reafirmando el compromiso del Estado con la legalidad y la transparencia en la economía nacional.
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