Miguel Quintero acude a la tutela para salir de la cárcel de Cómbita y alega "instrumentalización política" en su traslado

¿Qué pide la tutela?

La acción fue radicada el martes por el abogado penalista Felipe Alzate, apoderado de Quintero Calle. Según la información divulgada por la defensa, el recurso se dirige contra el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y, de acuerdo con algunos medios, también contra el Ministerio de Justicia y del Derecho y la Presidencia de la República.

La tutela es un mecanismo constitucional mediante el cual cualquier persona puede pedir a un juez la protección inmediata de sus derechos fundamentales cuando considera que una autoridad los vulnera. En este caso, la defensa sostiene que el traslado afecta el debido proceso, el derecho de defensa, la dignidad humana y la unidad familiar del investigado.

Alzate argumenta que la facultad del Inpec para trasladar reclusos "no es discrecional" y que toda decisión de ese tipo debe estar motivada. Señala, además, que el domicilio, el arraigo y la familia de su cliente están en Medellín, y que la reclusión en Boyacá lo aleja de su núcleo familiar, en especial de su hija menor de edad. A su juicio, el apellido de su defendido "no puede convertirse en razón para un trato más gravoso". El abogado aclaró que no reclama beneficios, sino garantías, y recordó que una medida privativa de la libertad no equivale a una condena.

Del beneficio de casa por cárcel a una prisión de alta seguridad

Quintero Calle había sido cobijado en octubre con detención domiciliaria, que cumplía en una finca de la vereda La Veta, en Copacabana (Antioquia). Tras la apelación presentada por la Alcaldía de Medellín como víctima, un juez penal del circuito de Medellín revocó ese beneficio el viernes 30 de octubre y ordenó su reclusión en un establecimiento carcelario.

Ese mismo día, mediante la Resolución 008962, firmada por el director general del Inpec, coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, el instituto dispuso su envío a la Cárcel y Penitenciaría de Alta y Media Seguridad El Barne, en Cómbita (Boyacá). El Inpec justificó la medida en la necesidad de proteger la integridad física del recluso y prevenir eventuales fugas, rescates o atentados. El traslado se hizo con apoyo de la Policía Nacional.

El proceso de fondo

La Fiscalía General de la Nación investiga el presunto direccionamiento de seis contratos del AMVA con el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por cerca de 17.656 millones de pesos, suscritos entre 2020 y 2023. Según el ente acusador, de esos recursos se habrían desviado alrededor de 2.481 millones de pesos. A Quintero Calle se le atribuyen, de manera provisional, los delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación agravado. En el caso también figuran como procesados exfuncionarios del AMVA.

El investigado no ha sido condenado, y el proceso continúa en etapa de investigación y debate judicial, por lo que lo ampara la presunción de inocencia.

Reacciones

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, cuestionó la tutela en su cuenta de X: "No es persecución política. Se robaron a Medellín. Las pruebas son contundentes", escribió, y anticipó que "vienen más" decisiones. Por su parte, Daniel Quintero expresó su respaldo a su hermano en redes sociales y aseguró que en el proceso hubo manipulación de pruebas.

¿Qué sigue?

Por regla general, el juez que reciba la tutela cuenta con un plazo de 10 días hábiles para decidir si ordena al INPEC revisar o revertir el traslado. Hasta el cierre de esta edición no se había informado públicamente qué despacho tramita la acción ni la respuesta del Inpec. Paralelamente, el proceso penal sigue su curso ante los jueces de Medellín.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué solicita Miguel Quintero a través de la acción de tutela presentada contra el Inpec?

El investigado busca ser trasladado desde la cárcel de Cómbita, en Boyacá, a un centro de reclusión en Antioquia para estar cerca de su núcleo familiar. Su defensa argumenta que el traslado fue una decisión arbitraria que vulnera sus derechos fundamentales y el debido proceso.

¿Por qué se ordenó su reclusión en una cárcel de alta seguridad?

Luego de que un juez revocara su detención domiciliaria, el Inpec dispuso su traslado a El Barne argumentando la necesidad de garantizar su seguridad y prevenir riesgos de fuga. El alcalde Federico Gutiérrez sostiene que no es una persecución política, sino una respuesta a las pruebas de corrupción encontradas.

¿Cuáles son los cargos por los que se investiga al hermano del exalcalde Daniel Quintero?

La Fiscalía le imputa los delitos de celebración indebida de contratos y peculado por apropiación agravado. Se le vincula con el presunto desvío de más de 2.400 millones de pesos en contratos suscritos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y los Bomberos de Itagüí.