Más de 12.000 adolescentes han ingresado al sistema penal en Colombia y se reportó reincidencia cercana al 20%

El concejal señaló que cerca del 20% de estos jóvenes vuelve a cometer delitos tras su paso por el sistema. Asimismo, planteó que este comportamiento refleja dificultades en la capacidad del Estado para evitar la reincidencia y reducir la vinculación de menores a actividades delictivas. En sus declaraciones, indicó que uno de cada cinco adolescentes que ingresa al sistema penal reincide, lo que, según su análisis, evidencia que no se está logrando interrumpir el ciclo delictivo.

A este panorama se suman datos de organismos internacionales que advierten sobre el reclutamiento de menores. De acuerdo con información atribuida a Unicef, en 2025 se han verificado más de 1.000 casos de niños y adolescentes vinculados a estructuras criminales, lo que muestra la continuidad de este fenómeno en distintas regiones del país.

Barrios explicó que el uso de menores por parte de organizaciones ilegales ha cambiado en su dinámica operativa. Señaló que actualmente no se trata de casos aislados, sino de una incorporación más constante dentro de las estructuras criminales, en parte por las condiciones legales que diferencian el tratamiento judicial de los adolescentes frente a los adultos.

En el caso de Bogotá, el corporado presentó cifras relacionadas con las aprehensiones de menores en la ciudad. Según los datos expuestos, el 49,7% corresponde a hurto a personas, el 10,7% a lesiones personales y el 9,1% a delitos asociados a estupefacientes. Estas cifras fueron relacionadas con dinámicas de criminalidad urbana y con la participación de jóvenes en economías ilegales.

El análisis también incluyó observaciones sobre la articulación institucional en la capital. De acuerdo con el concejal, actualmente no existe un sistema consolidado que permita establecer cuántos jóvenes que han sido intervenidos por programas sociales vuelven a delinquir, lo que limita el seguimiento de los resultados de las políticas públicas dirigidas a esta población.

En el mismo sentido, señaló que el sector educativo no cuenta con información suficiente que permita cruzar datos entre instituciones educativas y zonas con mayores niveles de criminalidad, lo que dificulta la identificación de factores de riesgo en entornos escolares.

Otro de los puntos expuestos se relaciona con la ausencia de programas específicos orientados a menores en riesgo de vinculación con actividades delictivas. Según lo planteado, esta situación genera un vacío entre las acciones de prevención y las medidas de carácter sancionatorio, que estaría siendo aprovechado por estructuras criminales para el reclutamiento.

El concejal también se refirió a la política de seguridad del Gobierno Nacional, señalando que los cambios en la estrategia de “Paz Total” han tenido efectos en la presencia institucional en algunos territorios. Indicó que, en su criterio, la reducción de presión estatal no ha estado acompañada de mecanismos suficientes de control en ciertas zonas, lo que ha permitido la expansión de economías ilegales.

En su intervención, Barrios planteó la necesidad de avanzar hacia un modelo de intervención territorial en materia de seguridad, que permita hacer seguimiento individual a los jóvenes vinculados a programas de atención, además de mejorar el cruce de información entre entidades del Estado.

También propuso establecer indicadores de seguimiento por territorio y mecanismos de responsabilidad institucional que permitan medir los resultados de las intervenciones. Según explicó, la falta de información consolidada sobre reincidencia limita la capacidad de evaluación de las políticas actuales.

Las cifras presentadas y los señalamientos sobre la articulación institucional forman parte de un debate más amplio sobre el papel del Estado en la prevención del delito en menores de edad y la capacidad de respuesta frente a su vinculación con estructuras criminales en distintas ciudades del país.

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