Más de 1.100 personas habrían sido afectadas por falso complejo hospitalario en Boyacá

El profesional de la salud, según la investigación del ente acusador, habría promovido desde el año 2012 la construcción de un complejo médico que incluiría 40 consultorios destinados a la atención de pacientes y al funcionamiento de servicios especializados en salud.

La Fiscalía indicó que el médico habría presentado el proyecto como una alternativa de desarrollo en materia de servicios médicos para la región, asegurando además que contaba con respaldo financiero y donaciones provenientes del exterior para garantizar su ejecución.

La investigación señala que los consultorios fueron ofertados a valores cercanos a los 70 millones de pesos cada uno. Las autoridades también establecieron que el proyecto tenía prevista su entrega para el año 2016 y que fue difundido mediante diferentes mecanismos de promoción para atraer inversionistas y compradores.

De acuerdo con los elementos recopilados durante el proceso judicial, varias personas realizaron aportes económicos con la expectativa de participar en el funcionamiento futuro del complejo médico y acceder a beneficios relacionados con los servicios de salud que serían ofrecidos en el lugar.

Las autoridades indicaron que, presuntamente, mediante las operaciones comerciales relacionadas con el proyecto, el procesado habría obtenido aproximadamente 2.276 millones de pesos. Sin embargo, el complejo hospitalario anunciado no fue construido ni inició actividades.

La Fiscalía explicó que dentro de las labores investigativas se recopilaron testimonios, documentos financieros, contratos y registros relacionados con las transacciones efectuadas por las personas que entregaron recursos para participar en la iniciativa.

Con base en las evidencias obtenidas durante el proceso, una fiscal de la Seccional Boyacá imputó al médico el delito de estafa en masa agravada. Durante las audiencias preliminares realizadas ante un juez de control de garantías, Herrera Arbeláez no aceptó el cargo formulado por el ente acusador.

Posteriormente, la autoridad judicial determinó imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar de residencia mientras continúan las diligencias relacionadas con el proceso penal.

La Fiscalía señaló que las actuaciones judiciales continúan con el objetivo de establecer el alcance de las afectaciones económicas y verificar las circunstancias en las que se desarrolló la captación de recursos.