La Fiscalía imputará a Laura Sarabia tras frustrarse acuerdo restaurativo

La situación judicial de Laura Sarabia, exjefa de gabinete del presidente Gustavo Petro, ha tomado un giro definitivo. La Fiscalía General de la Nación ha descartado la posibilidad de un acuerdo de justicia restaurativa y se prepara para imputar formalmente a Sarabia por tres delitos graves: peculado por uso, abuso de función pública y constreñimiento ilegal. Esta decisión se produce después de que dos testimonios clave impidieran la concreción de un pacto que buscaba reparar económicamente a Marelbys Meza, su exniñera, y evitar un juicio por el polígrafo irregular.

El quiebre de una negociación clave

El caso de Laura Sarabia ha experimentado un cambio significativo tras la ruptura de las negociaciones que pretendían eludir un proceso judicial por el incidente del polígrafo aplicado a Marelbys Meza. Durante meses, la Fiscalía exploró la vía de la justicia restaurativa, un mecanismo que buscaba una reparación integral para la víctima, tanto simbólica como económica. La expectativa, según fuentes citadas por la revista Cambio, era que, de aprobarse este mecanismo y cumplirse el acuerdo, el expediente sería archivado, librando a la exfuncionaria de un juicio.

Sin embargo, este escenario se modificó drásticamente debido a dos factores determinantes: el testimonio de un oficial implicado en los hechos y la aparición de una segunda persona que solicitó ser reconocida como víctima.

Testimonios que cambiaron el rumbo del caso

El primer elemento que alteró el curso de la investigación fue la declaración del capitán Óscar Leandro Mojica Cordón. El oficial aceptó declarar bajo juramento que fue Sarabia quien impartió la orden de someter a Meza al polígrafo. Mojica Cordón se comprometió, en el marco de un principio de oportunidad con la Fiscalía firmado el 2 de julio de este año, a testificar que Sarabia lo contactó tras la desaparición de dinero en su apartamento, solicitando modificar su esquema de seguridad y, posteriormente, ordenando la práctica del examen.

El segundo factor crucial fue la solicitud de Fabiola Perea para ser reconocida como víctima dentro del proceso. Perea alega que, aunque no fue sometida directamente al polígrafo, agentes de policía de civil ingresaron a su vivienda sin orden judicial, tomaron fotografías del inmueble y recopilaron información de sus familiares, vulnerando su intimidad. Su abogado, Mauricio Marín, ha manifestado que la Fiscalía no respaldaría la salida restaurativa planteada para Sarabia y que el ente acusador atendería la solicitud de su clienta para intervenir formalmente.

Los delitos y sus implicaciones penales

La imputación formal agrava el panorama penal para la exjefa de gabinete. Según el penalista Francisco Bernate, los delitos de peculado por uso y abuso de función pública podrían impedirle acceder a beneficios como la suspensión condicional de la ejecución de la pena o la prisión domiciliaria, en aplicación del artículo 68A del Código Penal. A estos se suma el cargo de constreñimiento ilegal.

El incidente que originó este caso ocurrió el 30 de enero de 2023 en la Casa Galán, un edificio de inteligencia ubicado frente a la Casa de Nariño. Ese día, Marelbys Meza fue sometida a un polígrafo a raíz de la desaparición de dinero en el apartamento de Sarabia.

La defensa de sarabia y los posibles caminos

La defensa de Sarabia, inicialmente a cargo de Mauricio Pava y luego asumida por Mario Iguarán, intentó una vía distinta al juicio mediante conversaciones con la Fiscalía. La propuesta, formalizada en una carta dirigida a Marcela Abadía Cubillos, fiscal tercera delegada ante la Corte Suprema de Justicia, fechada en julio de 2026, solicitaba la activación del mecanismo de justicia restaurativa. Este incluía un acto de reconocimiento, una reparación simbólica y una compensación económica, con la expectativa de que el expediente fuera archivado si el acuerdo se cumplía.

La nueva postura de la Fiscalía contradice la versión que Sarabia ofreció en enero de 2024, donde negó haber ordenado el polígrafo y afirmó que tales decisiones correspondían a su esquema de seguridad. Sarabia sostuvo que el supuesto hurto fue tratado como un asunto de seguridad nacional debido a la desaparición de 7.000 dólares y documentos de Estado, y que al llegar a su apartamento ya había policías de civil coordinando el procedimiento.

La Fiscalía buscará controvertir esta tesis con el testimonio del capitán Mojica, quien, según Sarabia, era la persona que debía decidir sobre el procedimiento, pero ahora se convierte en el testigo clave para demostrar que la orden provino directamente de ella. La defensa de Sarabia ha manifestado su disposición a colaborar con el proceso, según declaraciones de Iguarán.

Un posible argumento para la defensa podría ser la comparación con un caso de 2020 durante el gobierno de Iván Duque, donde tres enfermeras y una empleada doméstica fueron sometidas a polígrafo tras la desaparición de objetos en la vivienda del padre de Marta Lucía Ramírez. En ese expediente, la investigación fue archivada por atipicidad de la conducta, bajo el argumento de que fue un tema de seguridad nacional y el polígrafo fue voluntario.

Con este panorama, a la exfuncionaria le restan dos caminos principales: controvertir la tesis de la Fiscalía en un juicio o buscar otra salida negociada, como un preacuerdo o un principio de oportunidad. Más de tres años después del incidente en la Casa Galán, el expediente se encamina hacia una etapa decisiva que determinará si el caso culmina en un juicio penal contra una figura central del poder en su momento.