Denuncian penalmente a exministro de hacienda por presuntas irregularidades en el presupuesto de 2027

El representante a la Cámara y vicepresidente primero de la corporación, Simón Molina Gómez, ha presentado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra el exministro de Hacienda Germán Ávila Plazas. La acción judicial también se extiende a otros exfuncionarios que hayan tenido responsabilidad en la formulación, revisión y radicación del Presupuesto General de la Nación para el año 2027. La denuncia busca esclarecer si las inconsistencias detectadas en la propuesta presupuestal corresponden a errores técnicos o si, por el contrario, podrían configurar delitos contra la administración pública y la fe pública.

Las acusaciones y los delitos imputados

La denuncia interpuesta por el congresista Molina Gómez se centra en la posible comisión de delitos como falsedad ideológica en documento público, prevaricato por omisión y fraude procesal. Estas acusaciones surgen a raíz de la formulación del presupuesto de 2027, el cual, según el denunciante, se habría construido sobre bases financieras sin el debido respaldo legal. “Un presupuesto no puede construirse con plata que no existe”, afirmó Molina, subrayando la gravedad de la situación. El proyecto presentado por el Gobierno, por un valor de 575,6 billones de pesos, incluía 30,2 billones de pesos condicionados a una ley de financiamiento que, al momento de la radicación, aún no había sido aprobada.

Inconsistencias detectadas por organismos de control

La denuncia se apoya en hallazgos del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), una entidad técnica e independiente encargada de monitorear la sostenibilidad de las finanzas públicas. Según el CARF, el gasto primario del presupuesto de 2027 superaba en 20,7 billones de pesos el límite establecido en el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Adicionalmente, el documento de la denuncia señala una brecha de 8,3 billones de pesos entre los ingresos esperados y la reforma tributaria propuesta. También se advierten posibles inconsistencias por 12,6 billones de pesos en los recursos de balance, lo que genera serias dudas sobre la solidez de las proyecciones fiscales presentadas.

Subestimación de obligaciones y el fondo de combustibles

Además de las cifras mencionadas, la denuncia solicita investigar una presunta subestimación de obligaciones en áreas críticas como la salud y las pensiones. También se pide revisar los subsidios de energía y gas, y, de manera particular, los 9,6 billones de pesos correspondientes al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (FEPC). La gestión de este fondo ha sido objeto de debate en el país, y su inclusión en las presuntas irregularidades añade una capa de complejidad a la investigación. “Esto no es un descuadre menor. Colombia merece saber si esto fue un error o si deliberadamente maquillaron las cifras y le presentaron al país como ciertas unas cuentas que no lo eran”, enfatizó el representante Molina, destacando la necesidad de transparencia.

Solicitud de pruebas y el llamado a la justicia

La acción penal presentada por Simón Molina Gómez solicita a la Fiscalía General de la Nación la recolección de diversas pruebas documentales. Entre los elementos requeridos se encuentran las actas del Consejo Superior de Política Fiscal (CONFIS), los memorandos técnicos elaborados por el Ministerio de Hacienda y el Departamento Nacional de Planeación, así como los documentos del proceso de empalme y todos los soportes utilizados para la formulación del presupuesto. El objetivo es obtener la información necesaria para determinar el grado de responsabilidad de los exfuncionarios implicados. “Esto ya no puede quedarse en una discusión política. Pusimos los documentos en manos de la justicia y vamos a llegar hasta el fondo para que Colombia conozca qué pasó con sus cuentas, pues de comprobarse los hechos denunciados, estamos ante una gran operación criminal para encubrir malos manejos”, concluyó el representante Molina, reafirmando su compromiso con la búsqueda de la verdad y la justicia en este caso que impacta directamente las finanzas de la nación.