Justicia condena a responsables de millonaria estafa con proyecto de vivienda en Pachelly

Un juez penal de conocimiento condenó a Sandra Milena Parra Rivera y Mario Albeiro Montoya Osorio a nueve años y cinco meses de prisión por su participación en una estafa que afectó a más de 200 familias de Bello y otros municipios del norte del Valle de Aburrá.

Los hechos se registraron entre 2015 y 2018, periodo durante el cual las víctimas entregaron diferentes sumas de dinero con la expectativa de adquirir una vivienda de interés social en el municipio de Bello. De acuerdo con la investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación, los condenados promovieron un proyecto habitacional que nunca llegó a materializarse.

La sentencia fue emitida por el delito de estafa agravada en modalidad masa, luego de que las pruebas recopiladas durante la investigación permitieran establecer el mecanismo utilizado para captar los recursos de los compradores.

La iniciativa era promocionada como un proyecto de vivienda de interés social que contemplaba la construcción de 804 unidades habitacionales en el barrio Pachelly de Bello.

A las personas interesadas se les indicaba que el proyecto tendría el respaldo de un programa del Gobierno nacional y que los futuros compradores podrían acceder a un subsidio superior a 13 millones de pesos.

Estas condiciones llevaron a numerosas familias a formalizar su intención de adquirir uno de los inmuebles y a realizar pagos y anticipos relacionados con los supuestos negocios de compraventa.

Sin embargo, durante el proceso judicial se estableció que el proyecto no había recibido la aprobación correspondiente por parte de las autoridades locales.

La investigación de la Fiscalía, desarrollada por un fiscal de la Seccional Medellín, permitió determinar que Parra Rivera y Montoya Osorio utilizaron una empresa constructora que estaba legalmente constituida para recibir de manera reiterada los recursos aportados por las personas interesadas.

Además, según las pruebas presentadas durante el proceso, los condenados emplearon los nombres de otros proyectos urbanísticos relacionados con la compañía para generar respaldo a la iniciativa que estaban ofreciendo.

Los compradores suscribieron contratos de compraventa y realizaron anticipos que terminaron siendo consignados tanto en cuentas de la empresa constructora como en cuentas personales de los hoy condenados.

La Fiscalía estableció que el dinero obtenido mediante este mecanismo superó los 500 millones de pesos, recursos que fueron entregados por las familias bajo la expectativa de acceder a las viviendas ofrecidas.

Uno de los elementos determinantes dentro de la investigación fue la situación administrativa del supuesto proyecto habitacional. Según la Fiscalía, la iniciativa no había sido aprobada por las autoridades competentes.

Las verificaciones realizadas establecieron que el proyecto no contaba con las autorizaciones necesarias de las curadurías ni de la oficina de Planeación Municipal. Además, las condiciones existentes impedían su ejecución.

Pese a ello, las personas vinculadas a la iniciativa continuaron ofreciendo las viviendas y recibiendo dinero de quienes pretendían convertirse en propietarios. De esta manera, las familias realizaron pagos por inmuebles que finalmente no fueron construidos.

La Fiscalía señaló que las pruebas permitieron establecer que el proyecto no era viable y que, aun así, se continuó con la recepción de recursos.

El caso evidencia las consecuencias judiciales derivadas de ofrecer proyectos inmobiliarios sin las autorizaciones correspondientes y captar dinero de ciudadanos bajo condiciones que finalmente no pudieron cumplirse.