Fiscalía embargó tres inmuebles vinculados a Óscar Iván Zuluaga por presunta financiación de Odebrecht

Tres inmuebles que estarían relacionados con el exministro de Hacienda y excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga Escobar y con integrantes de su entorno familiar quedaron bajo medidas cautelares ordenadas por la Fiscalía General de la Nación, en el marco de la investigación que busca establecer el manejo de recursos provenientes de la multinacional brasileña Odebrecht durante la campaña presidencial de 2014.

La decisión contempla la suspensión del poder dispositivo y el embargo de las propiedades, sobre las cuales el ente acusador encontró elementos que permitirían establecer una posible relación con los hechos investigados por la presunta financiación internacional de la campaña ‘Zuluaga Presidente 2014-2018’.

De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, algunos de estos bienes habrían estado inicialmente en cabeza del exministro, pero posteriormente fueron transferidos a miembros de su círculo familiar. La entidad precisó que las operaciones de donación se realizaron en junio de 2023, un movimiento patrimonial que ahora hace parte del análisis dentro del proceso judicial.

Las medidas fueron adoptadas a partir de los hallazgos obtenidos por el Grupo de Tareas Especiales de Odebrecht, adscrito a la Delegada para las Finanzas Criminales de la Fiscalía. Según el organismo investigador, durante las pesquisas fueron identificados elementos materiales probatorios relacionados con un supuesto aporte económico de Odebrecht a la campaña presidencial de Zuluaga en 2014.

El caso está relacionado específicamente con el presunto pago de servicios de publicidad que habrían beneficiado a la campaña electoral. La Fiscalía sostiene que esos recursos no habrían sido incluidos en los reportes financieros de la campaña ni puestos en conocimiento de las autoridades electorales, situación que podría constituir una infracción a las normas colombianas sobre financiación política.

“Odebrecht, al parecer, asumió el pago de 1’610.740 dólares en servicios de publicidad en beneficio de la campaña”, señaló la Fiscalía al explicar los elementos que sustentan la investigación.

Según el ente acusador, el supuesto aporte tampoco habría sido registrado formalmente en los balances correspondientes. “Este aporte presuntamente no fue reportado en los balances ni informado a las autoridades electorales”, precisó la entidad.

La Fiscalía agregó que la naturaleza de los recursos también tendría relevancia dentro de la investigación, debido a que, de comprobarse que provinieron directamente de una empresa extranjera, se trataría de una fuente de financiación que estaría prohibida por la legislación colombiana para las campañas políticas.

En ese sentido, la entidad recordó que el artículo 27 de la Ley 1475 de 2011 establece restricciones frente a las fuentes de financiación de las campañas electorales. Bajo ese marco jurídico, la Fiscalía sostiene que el supuesto aporte de Odebrecht podría constituir una fuente de financiación prohibida al tratarse de recursos provenientes de una persona jurídica extranjera.

“Al provenir de una persona jurídica extranjera, constituiría una fuente de financiación prohibida para las campañas políticas, conforme al artículo 27 de la Ley 1475 de 2011”, explicó el organismo.

La actuación sobre los bienes se produce, además, en un contexto en el que la Fiscalía analiza movimientos patrimoniales realizados después de que algunos de los inmuebles habrían estado vinculados directamente con Zuluaga. Para el ente investigador, las donaciones efectuadas en junio de 2023 a personas de su entorno familiar requieren ser examinadas frente a los hechos que son materia de investigación.

Las medidas cautelares de embargo y suspensión del poder dispositivo buscan impedir que los inmuebles puedan ser transferidos o sometidos a operaciones que alteren su situación jurídica mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

El expediente hace parte de las investigaciones derivadas del escándalo internacional de Odebrecht, que en Colombia ha tenido diferentes líneas relacionadas con el presunto ingreso de recursos de la multinacional a campañas y otros procesos políticos.

En el caso de la campaña presidencial de 2014, la Fiscalía concentra parte de sus actuaciones en determinar el origen de los recursos utilizados para financiar servicios que, según la hipótesis investigativa, habrían beneficiado la candidatura de Zuluaga y que presuntamente no fueron reportados ante las autoridades electorales.