Juristas señalaron posible fondo en intento de estrategia de dilación de audiencias en caso Aguas Vivas

Luego de que la audiencia de imputación de cargos en el caso Aguas Vivas finalmente se realizara, pese a múltiples aplazamientos previos, varios juristas asesores de IFMNOTICIAS coincidieron en una conclusión que podría dar sentido de fondo a los intentos de las maniobras dilatorias observadas por parte de algunos imputados. La comparecencia de dos exfuncionarias sin defensa técnica en la sesión del 8 de abril fue vista por los expertos como otro intento más por alargar el inicio formal del proceso penal, intento que se frustró gracias a la audacia de la fiscal del caso.

Aunque se ha hablado públicamente de una intención por parte del exalcalde Daniel Quintero Calle de trasladar el proceso a Bogotá, buscando un entorno judicial más favorable, los analistas sostienen que este objetivo sería apenas una parte de una estrategia más compleja. Según la evaluación jurídica, el foco real de la dilación estaría centrado en la prevención de medidas cautelares patrimoniales, como el congelamiento o incautación de bienes por parte de la Fiscalía.

Medidas patrimoniales, más probables que detención

Los juristas explican que por la naturaleza de los delitos imputados peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y prevaricato por acción, es poco probable que la Fiscalía busque medidas de aseguramiento privativas de la libertad en la fase inicial del proceso. Por el contrario, se esperaría que el ente acusador intente aplicar medidas cautelares dirigidas a garantizar la reparación del daño al Estado, principalmente mediante la retención de bienes de los imputados.

Esta posibilidad quedó reforzada cuando la fiscal del caso, Yarleci Mena Benítez, mencionó expresamente durante su exposición la viabilidad de solicitar el embargo o confiscación de propiedades pertenecientes a los acusados. Esta referencia no pasó desapercibida por los asesores jurídicos de IFMNOTICIAS, quienes advierten que podría haber sido precisamente el detonante para que algunas defensas buscaran ganar tiempo a toda costa y lo intentaran nuevamente ayer, aunque esta vez, sin éxito.

Dilatar para mover, ocultar o transferir bienes

La hipótesis compartida por los expertos apunta a que la postergación de la imputación habría otorgado una ventana temporal para que los vinculados al caso realizaran movimientos sobre sus patrimonios. Esto incluiría, por ejemplo, ventas, cesiones, enajenaciones, traspasos de titularidad o incluso resguardos de bienes mediante terceros, algo que la Fiscalía deberá analizar en su momento, para ver si se produjo en algunos de los imputados.

“El tiempo que se gana con la dilación no es tiempo perdido, es tiempo útil para blindar el patrimonio”, explicó uno de los asesores consultados. Agregó que algunos abogados podrían haber sugerido esta ruta a sus defendidos, permitiendo formalizar escrituras, registrar cesiones o realizar otros trámites notariales o contractuales para dificultar la acción posterior de la Fiscalía, como lo que sería normal dentro de las recomendaciones en estos casos por parte de los abogados.

En este contexto, señalaron que no necesariamente existe una estrategia coordinada entre todas las defensas, pero sí patrones comunes que coinciden en la práctica. Uno de los asesores indicó que, aunque no se observó un plan conjunto en la audiencia, “es probable que sí exista un nivel de coordinación entre algunos abogados más cercanos al círculo de Daniel Quintero, pero no en todos, como se pudo ver ayer”.

Próxima audiencia será decisiva

En este escenario, la audiencia de continuación prevista para el lunes 21 de abril a las 2:30 p.m. será determinante. En ella se definirá si se admite la intervención de las víctimas, representadas por la Alcaldía de Medellín, y si finalmente el juez valida la imputación realizada por la Fiscalía.

Además de la definición jurídica, el avance del proceso permitirá verificar si la Fiscalía efectivamente solicita medidas cautelares sobre el patrimonio de los imputados. De confirmarse, podría evidenciarse con mayor claridad si la estrategia dilatoria tenía como fin último evitar esa acción preventiva.

Lo que está claro, según las fuentes jurídicas consultadas por IFMNOTICIAS, es que las dilaciones no responden únicamente a una intención de trasladar el proceso a Bogotá, sino que podrían haber tenido un objetivo más concreto y silencioso: salvaguardar los activos de los implicados antes de que estos queden bajo control del Estado.

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