Juez ordenó libertad de Sandra Ortiz por vencimiento de términos en caso de UNGRD

Un juez de Bogotá ordenó la libertad inmediata de Sandra Ortiz por vencimiento de términos en el proceso judicial que enfrenta por el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La decisión fue tomada por el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías, que concluyó que se superaron los plazos establecidos por la ley para iniciar el juicio oral contra la exfuncionaria sin que el proceso avanzara a esa etapa. Aunque recuperó la libertad, Ortiz continuó vinculada formalmente a la investigación.

Vale mencionar que la exconsejera presidencial era investigada por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de un servidor público debido a su presunta participación en una red de sobornos relacionada con contratos de la UNGRD. 

Según la Fiscalía General de la Nación, Ortiz habría actuado como intermediaria en la entrega de dinero a los entonces presidentes del Senado y de la Cámara, Iván Name y Andrés Calle, con el objetivo de facilitar el trámite de reformas impulsadas por el Gobierno en el Congreso.

De acuerdo con la acusación, el supuesto esquema de corrupción incluía el traslado de 3.000 millones de pesos destinados a Iván Name y otros recursos dirigidos a Andrés Calle. Ambos excongresistas permanecen privados de la libertad mientras avanzan las investigaciones judiciales.

Durante la audiencia, el juez revisó el tiempo transcurrido desde la radicación del escrito de acusación y concluyó que el proceso había excedido ampliamente los 240 días fijados por la ley para iniciar el juicio, el despacho señaló que, incluso después de descontar varios periodos atribuibles a maniobras dilatorias de la defensa y otras actuaciones procesales, el tiempo efectivo seguía superando el límite legal.

Según explicó el juez, inicialmente se contabilizaron 473 días desde la presentación del escrito de acusación. Posteriormente, se descontaron 144 días relacionados con aplazamientos, recusaciones y trámites judiciales específicos. Tras ese cálculo, el proceso acumuló 329 días sin que comenzara formalmente el juicio oral, cifra superior al plazo permitido por la legislación colombiana.

“En consecuencia, el Juzgado 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá accede positivamente a la solicitud elevada por la defensa y ordena la libertad inmediata de la ciudadana Sandra Liliana Ortiz Nova”, se aseguró durante la audiencia.

La orden judicial incluyó la expedición inmediata de la boleta de libertad para la exfuncionaria, quien permanecía detenida en una guarnición militar de Bogotá.

La defensa de Sandra Ortiz había solicitado en varias oportunidades la libertad por vencimiento de términos, en la audiencia más reciente sostuvo que la exconsejera llevaba más de 400 días privada de la libertad sin que se iniciara el juicio, situación que, según argumentó, vulneraba las garantías procesales establecidas en el Código de Procedimiento Penal.

La Procuraduría General de la Nación respaldó la petición de libertad y coincidió en que los tiempos procesales ya habían superado los límites legales.

Por su parte, la Fiscalía General de la Nación se opuso a la solicitud y aseguró que parte de las demoras fueron provocadas por actuaciones de la defensa. El ente acusador sostuvo que aún no se configuraba el vencimiento de términos debido a distintas suspensiones y maniobras procesales que, según afirmó, retrasaron el avance del caso. Por lo cual, la Fiscalía presentó recurso de apelación.

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