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Juez de Bogotá ordena a la Cancillería proteger en 48 horas los libros de la Biblioteca Marco Fidel Suárez

Un fallo de tutela del Juzgado Quinto Penal del Circuito para Adolescentes de Bogotá obliga al Ministerio de Relaciones Exteriores a adoptar medidas urgentes de conservación sobre una colección de más de 21.000 volúmenes, trasladada a finales de octubre, y le prohíbe descartarla, donarla o moverla de nuevo sin inventario y acto administrativo.

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Redacción IFM
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Juez de Bogotá ordena a la Cancillería proteger en 48 horas los libros de la Biblioteca Marco Fidel Suárez
Imagen: IFMERA Imagen procesada con IA

Las órdenes del juez

El despacho le dio a la Cancillería un plazo de 48 horas, contadas desde la notificación, para ubicar las cajas con los libros sobre plataformas elevadas, evitar apilamientos excesivos, corregir riesgos eléctricos y tomar medidas contra filtraciones y humedad en el lugar donde hoy se guarda el material.

Además, en un término de cinco días hábiles, la entidad deberá informar con exactitud dónde se encuentran tanto la colección general como los ejemplares patrimoniales, fijar una fecha para reanudar la consulta pública y presentar un cronograma de organización, inventario y conservación. Mientras tanto, tendrá que habilitar un mecanismo provisional para que investigadores, usuarios y ciudadanos puedan consultar el catálogo y los materiales.

El fallo también le prohíbe descartar, depurar, donar, dar de baja o trasladar nuevamente ejemplares sin un acto administrativo motivado, un inventario físico conciliado con el catálogo y el aval de especialistas. Según Infobae, el juez no ordenó que la biblioteca regrese a la antigua capilla del Palacio de San Carlos.

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El origen de la controversia

De acuerdo con la información recogida en la tutela, el servicio de la biblioteca estaba restringido desde el 21 de septiembre y, entre el 29 y el 30 de octubre, la colección general fue llevada a la Casa José María Melo, donde funciona la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo. Reportes de prensa señalan que cerca de 2.000 libros patrimoniales quedaron con ubicación incierta y que la Cancillería no aportó un acto administrativo específico ni un acta de entrega y recibo del material.

En su momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que el traslado respondía a una reorganización de espacios, en línea con criterios de austeridad y eficiencia en el gasto, y aseguró que el acervo fue reubicado bajo protocolos de conservación, sin romper la cadena de custodia y con acompañamiento de la Biblioteca Nacional. Hasta el cierre de esta nota no se conocía un pronunciamiento de la entidad sobre el nuevo fallo.

Una segunda tutela sobre el mismo caso

No es la primera intervención judicial. El 5 de noviembre, la juez Yanira Perdomo Osuna, del Juzgado Trece Administrativo de Oralidad de Bogotá, admitió otra tutela, interpuesta por el representante a la Cámara Gabriel Becerra Yáñez, y decretó una medida provisional: le dio 24 horas a la Cancillería para garantizar la consulta y reserva de los materiales o habilitar alternativas equivalentes. En esa ocasión, la juez negó una petición adicional de medidas urgentes de preservación al considerar que no había pruebas suficientes de riesgo de pérdida o deterioro. Ese proceso sigue pendiente de una decisión de fondo.

La Cancillería puede impugnar el fallo del Juzgado Quinto, en cuyo caso el expediente sería revisado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá, aunque las órdenes deben cumplirse mientras se resuelve el recurso.

Preguntas y respuestas de contexto

¿Qué ordenó el juez a la Cancillería respecto a la Biblioteca Marco Fidel Suárez?

El juez ordenó proteger la colección de más de 21.000 volúmenes en un plazo de 48 horas, exigiendo medidas contra la humedad, riesgos eléctricos y apilamientos excesivos. También prohibió descartar, donar o trasladar los libros sin un inventario físico y un acto administrativo motivado.

¿Cuál es el origen de la controversia sobre estos libros?

La disputa comenzó tras el traslado de la colección a finales de octubre desde el Palacio de San Carlos hacia la Casa José María Melo, un proceso que dejó cerca de 2.000 libros patrimoniales con ubicación incierta y sin actas de entrega claras.

¿Qué debe hacer el Ministerio de Relaciones Exteriores para garantizar el acceso público?

La entidad debe informar la ubicación exacta de los ejemplares, fijar una fecha para reanudar la consulta pública y habilitar un mecanismo provisional para que investigadores y ciudadanos puedan acceder al catálogo y los materiales.

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