Jorge Iván Ospina y Luz María Múnera bajo investigación de la Procuraduría por intervención de Nueva EPS

La decisión quedó consignada en un auto fechado el 30 de abril de 2026, emitido por la Delegada Disciplinaria de Instrucción 2 para la Vigilancia Administrativa. En el documento se indica que la indagación busca establecer si existieron irregularidades en la toma de posesión de la entidad promotora de salud, así como en el nombramiento del agente interventor designado para su administración.

De acuerdo con el contenido del acto administrativo, la investigación se enfoca en determinar una posible extralimitación de funciones al momento de expedir la resolución mediante la cual se ordenó la intervención de la Nueva EPS. Asimismo, se evaluará si se cumplían los requisitos exigidos para la designación del agente interventor encargado de asumir la dirección de la entidad durante el proceso.

En el expediente se menciona que Luz María Múnera actuaba en calidad de superintendente delegada para la Nueva EPS, mientras que Jorge Iván Ospina fue vinculado como agente interventor. Ambos serán objeto de verificación disciplinaria en el marco de las competencias de la Procuraduría.

El inicio de la actuación disciplinaria se sustenta en información remitida por la Superintendencia Nacional de Salud. Según el documento, la entonces superintendente delegada para entidades de aseguramiento en salud, Edilma Marlen Suárez Castro, trasladó a la Procuraduría una comunicación en la que se advertían posibles irregularidades en el proceso de toma de posesión de la Nueva EPS y en el nombramiento del agente interventor.

La comunicación, fechada el 14 de abril de 2026, contenía observaciones sobre el procedimiento administrativo adelantado en la intervención, así como sobre el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para ocupar el cargo asignado durante dicho proceso. Con base en esta información, el ente de control inició las actuaciones preliminares que derivaron en la apertura formal de la investigación disciplinaria.

El auto también hace referencia a antecedentes relacionados con el caso. Entre ellos, se incluye un traslado de información efectuado por la Procuraduría Delegada para Asuntos del Trabajo y Seguridad Social, que había remitido documentación previa para su evaluación dentro del ámbito disciplinario. Estos insumos fueron incorporados al expediente para el análisis de los hechos.

Dentro de la actuación se revisará la expedición de la resolución mediante la cual se formalizó la intervención de la Nueva EPS, identificada con fecha del 10 de abril de 2026. La Procuraduría examinará los fundamentos de dicha decisión, así como las condiciones bajo las cuales se adoptó la medida administrativa.

El proceso disciplinario busca establecer si las actuaciones de los funcionarios se ajustaron a las normas que regulan la intervención de entidades del sistema de salud. En ese sentido, el análisis incluirá la verificación de competencias, procedimientos y requisitos exigidos por la normativa vigente.

La apertura de la investigación no implica una decisión de fondo sobre la responsabilidad de los involucrados. El proceso se desarrollará conforme a las etapas previstas en el régimen disciplinario, que contempla la recolección de pruebas, la práctica de diligencias y la evaluación de los elementos aportados al expediente.

La Procuraduría General de la Nación continuará con el desarrollo de la investigación con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la intervención administrativa de la Nueva EPS y la designación de su agente interventor, en el marco de las competencias de control disciplinario que le corresponden.

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