Investigación por magnicidio de Miguel Uribe avanza con capturas, pero sin responsables intelectuales

La Fiscalía General de la Nación avanza con la investigación del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Este fin de semana se confirmó la captura en Bogotá de Harold Daniel Barragán Ovalle, señalado de participar en la planeación del magnicidio.

Según el ente acusador, Barragán habría intervenido en la contratación del menor de 15 años que ejecutó el ataque el pasado 7 de junio en el barrio Modelia.

El adolescente, aprehendido en flagrancia minutos después del atentado, fue sancionado con la pena máxima que contempla el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes: siete años de privación de libertad.

Con la detención de Barragán, asciende a siete el número de personas capturadas por su presunta participación en el crimen, mientras la investigación se centra en establecer quiénes ordenaron el asesinato.

La fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha tipificado el hecho como magnicidio y señaló que no se descartan posibles nexos con la disidencia de las FARC conocida como Segunda Marquetalia. Uribe Turbay falleció el 11 de agosto, tras más de dos meses hospitalizado, luego de haber recibido múltiples disparos en un mitin electoral.

Los peritajes balísticos revelaron que los proyectiles utilizados habían sido modificados para aumentar su letalidad y que la pistola Glock calibre 9 milímetros estaba adaptada para disparar en ráfaga. El arma había sido adquirida en 2020 en el estado de Arizona, Estados Unidos.

Las investigaciones muestran que el sicario no actuó solo, pues grabaciones y testimonios recogidos por las autoridades evidencian la participación de varios cómplices en la logística previa al atentado. Entre los detenidos figura Élder José Arteaga, alias El Costeño, identificado como enlace entre los autores materiales y los posibles determinadores. La Policía Nacional ha indicado que aún faltan capturas de personas involucradas en la coordinación del ataque.

El asesinato de Uribe Turbay, senador del partido Centro Democrático y aspirante a la presidencia en 2026, constituye el primer magnicidio contra un candidato presidencial en más de tres décadas, lo que ha llevado a recordar los hechos ocurridos en 1989.

El caso también abrió un debate sobre la sanción impuesta al menor de edad responsable de los disparos. La condena de siete años, prevista en la Ley 1098, generó cuestionamientos sobre la efectividad del sistema penal para adolescentes y la posibilidad de que los menores sigan siendo utilizados por organizaciones criminales.

Expertos han recordado que desde la década de los ochenta los grupos delincuenciales han instrumentalizado a jóvenes en actividades de sicariato. Según cifras del ICBF, este año han ingresado al sistema 94 menores por homicidio, mientras que en 2024 fueron 202.

El Congreso ya discute proyectos de ley que buscan modificar las sanciones en casos de delitos graves cometidos por adolescentes, con propuestas que van desde endurecer las penas hasta fortalecer la orientación restaurativa.