INPEC trasladó a cárceles de máxima seguridad a dos implicados del magnicidio de Miguel Uribe

El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) confirmó el traslado de dos de los principales procesados por el asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay a cárceles de máxima seguridad fuera de Bogotá.

La medida se tomó el pasado 16 de septiembre como parte de las acciones para reforzar los controles frente a los detenidos por el crimen ocurrido en junio de 2025.

Elder José Arteaga, alias El Costeño, señalado por las autoridades como el coordinador logístico del atentado, fue llevado a la cárcel de Girón, en Santander. Arteaga había sido capturado el 5 de julio de 2025 y hasta la fecha permanecía en el Búnker de la Fiscalía.

Por su parte, William Fernando González Cruz, alias El Hermano, identificado como el conductor del vehículo en el que huyeron los sicarios tras el ataque, fue trasladado a la cárcel de La Dorada, en Caldas, luego de haber sido capturado el 19 de junio.

Ambos procesados enfrentan cargos por homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores en la comisión de delitos. Entre estos últimos señalamientos se incluye la participación de un adolescente de 15 años, señalado de haber accionado el arma que causó la muerte de Uribe Turbay.

Otros cinco implicados permanecen en el Búnker de la Fiscalía. Se trata de Katerine Andrea Martínez, Cristian Camilo Ardila, Harold Barragán, Carlos Eduardo Mora y el menor de edad mencionado. Todos ellos avanzan en sus procesos judiciales mientras las investigaciones intentan esclarecer el rol de los posibles autores intelectuales del ataque.

Un informe de inteligencia conocido por las autoridades apunta a la posible participación de disidencias de las Farc en la planeación del crimen. Esta hipótesis se encuentra bajo verificación y hace parte de las líneas de investigación que adelantan organismos judiciales y de seguridad del Estado.

El magnicidio de Miguel Uribe Turbay, ocurrido en plena campaña presidencial, generó conmoción en el país y llevó a las instituciones a reforzar las medidas de protección para candidatos y dirigentes políticos. El traslado de los procesados a cárceles de máxima seguridad busca evitar riesgos de fuga o eventuales interferencias en el proceso judicial.