Imputaron a exfuncionarios de la Gobernación del Atlántico por contrato de $1.000 millones

Por un contrato suscrito en 2014 a dos exfuncionarios de la Gobernación del Atlántico, la Fiscalía General de la Nación imputó cargos por presuntas irregularidades. Según la información, el propósito del contrato era la compra de cascos para embarcaciones de pescadores artesanales.

Los cargos son para Milagros del Carmen Sarmiento, quien se desempeñó como secretaria de Desarrollo Económico de la Gobernación, y Martín Rafael Atencio, entonces subsecretario de Gestión Agropecuaria. La Fiscalía indicó que según la investigación, los exfuncionarios habrían participado en la celebración de un contrato por valor de 1.000 millones de pesos, destinado a la adquisición de 200 cascos en fibra de vidrio para lanchas de uso pesquero.

Según se conoció y lo indicó la Fiscalía, durante la ejecución del contrato se habrían presentado irregularidades administrativas y financieras que comprometen el manejo de los recursos públicos. Ambos deberán responder ante la justicia por su presunta responsabilidad en la pérdida o uso indebido de dineros oficiales.

En el momento estas personas ejercen otros cargos, Milagros del Carmen Sarmiento es la vicepresidenta jurídica de Fiduprevisora, mientras que Martín Rafael Atencio se encuentra vinculado en calidad de exservidor público de la Gobernación.

Es de indicar que el contrato tenía como finalidad mejorar las condiciones de trabajo de los pescadores artesanales mediante la dotación de cascos en fibra de vidrio para sus embarcaciones. Sin embargo, la Fiscalía indaga si los bienes adquiridos cumplieron con los estándares requeridos y si el proceso contractual se adelantó con las garantías de transparencia y legalidad exigidas por la ley.

En este caso, la comunidad pesquera del Atlántico espera que se aclaren las dudas sobre la correcta ejecución del proyecto y el destino de los dineros comprometidos.

Por ahora, la investigación se encuentra en curso y la Fiscalía continuará recopilando pruebas documentales y testimoniales que permitan establecer si existió un manejo irregular de los fondos públicos. Con ello se busca garantizar que este tipo de casos no queden en la impunidad y que se proteja el patrimonio de los atlanticenses.