(EN VIDEO) Tribunal extendió por un año la orden de captura y la detención preventiva contra Carlos Ramón González

El exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República continúa fuera del país mientras avanza el proceso judicial relacionado con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

El Tribunal Superior de Bogotá decidió prorrogar por un año más la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario impuesta contra Carlos Ramón González Merchán, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

La determinación se produjo luego de que la Fiscalía solicitara la ampliación de la medida durante una audiencia realizada el pasado 10 de junio. En esa diligencia, el ente investigador argumentó que González no ha cumplido la orden judicial emitida en su contra desde julio de 2025, debido a que permanece fuera del país y no se ha puesto a disposición de las autoridades colombianas.

La decisión del Tribunal también incluyó la prórroga de la orden de captura expedida el 3 de julio de 2025, con el propósito de garantizar el cumplimiento de la medida privativa de la libertad. Asimismo, se ordenó informar a las autoridades competentes para que, en caso de hacerse efectiva la captura, el procesado sea trasladado al centro de reclusión que determine el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

La investigación contra González hace parte de uno de los expedientes más relevantes derivados del escándalo de corrupción en la UNGRD, entidad que quedó en el centro del debate nacional tras las denuncias sobre el presunto desvío de recursos públicos destinados a la atención de emergencias y desastres naturales. Dentro de este proceso, la Fiscalía le atribuye los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos.

Durante la sustentación de la decisión, el magistrado Fabio Bernal Suárez señaló que la condición de asilado político que ostenta González en Nicaragua no impide la continuidad de las actuaciones judiciales relacionadas con delitos comunes. El despacho recordó que tanto instrumentos internacionales como la legislación colombiana establecen que la figura del asilo no puede utilizarse como mecanismo para evitar procesos penales derivados de conductas ajenas a la persecución política.

Según quedó consignado en la providencia, la solicitud de asilo fue presentada por González el 10 de junio de 2025, cuando ya avanzaban las investigaciones y se conocían las actuaciones adelantadas por la Fiscalía para vincularlo formalmente al proceso. Para el Tribunal, ese contexto constituye un elemento relevante al momento de evaluar el riesgo de no comparecencia ante la justicia colombiana.

La corporación judicial también consideró que la participación del procesado en diligencias virtuales no reemplaza el cumplimiento de la medida de aseguramiento ordenada por un juez de control de garantías. En ese sentido, señaló que la naturaleza de la decisión judicial implica la necesidad de garantizar la presencia física del investigado cuando así lo requieran las etapas del proceso.

La defensa de Carlos Ramón González anunció la interposición de un recurso de apelación contra la determinación adoptada por el Tribunal Superior de Bogotá. El exfuncionario respaldó la postura de su equipo jurídico y manifestó su desacuerdo con la decisión, por lo que el caso continuará su trámite en las instancias correspondientes mientras permanece vigente la orden de captura y la medida de aseguramiento en su contra.

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